Reseña

Durante el Paro Nacional del año 2019, las protestas contra el abuso policial del 2020 y el Paro Nacional del 2021, en Colombia y a nivel internacional, se evidenciaron las agresiones múltiples y masivas que agentes policiales, militares y paramilitares ejecutaron en contra de quienes participaban de las protestas sociales. Torturas, golpizas, privaciones de la libertad, desapariciones forzadas, agresiones sexuales, fracturas en el cráneo y la cara, mutilaciones oculares y asesinatos, fueron “el pan de cada día” en las denuncias de organizaciones de la sociedad civil, defensores de Derechos Humanos y la ciudadanía. Esta práctica represiva ha intentado ser legitimada por gobernantes y operadores de justicia como una respuesta a la supuesta vulneración del orden público por parte de los manifestantes, desconociendo los derechos constitucionales, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia al establecer que:
5.2.5. El “orden público” gira en función de la garantía por el respeto a la dignidad humana que es principio fundante del Estado en Colombia y del cual se derivan otros derechos y, por tanto, toda aquella preservación del status quo no puede anteponerse ni estar por encima del señalado precepto constitucional, so pena de resquebrar el sistema democrático. (CSJ 2020)

Las consecuencias de la represión, reflejadas en lesiones físicas permanentes, secuelas psicológicas y el estigma contra los manifestantes, han constituido cargas pesadas para quienes ejercían su derecho a reunirse y manifestar su inconformidad ante las políticas gubernamentales. Lo que representa, como lo ha dicho la CSJ La intolerancia, la agresión y la imposición por la fuerza de doctrinas frustran el espíritu humano en gobiernos lejanos a la democracia y a la pacífica discusión, lo cual apareja la debilidad de las instituciones encargadas de controlar el poder de los gobernantes