Reseña

“Gobierno abierto” y “participación ciudadana” no son dos conceptos reservados a simples proclamas políticas. No, son los dos insumos esenciales para la gobernanza en una época en la que la sociedad de la información reclama un mayor acceso a los procesos de toma de decisiones que antes los Estados protegían con la coraza del secretismo.

El autor de esta obra lo ha comprendido muy bien y nos presenta un aporte valioso al identificar, de manera exhaustiva, rigurosa y cautivante, los atributos de la transparencia en las nuevas dinámicas de la administración pública.

La obra del doctor Marcelo Mejía Giraldo nos invita a reflexionar sobre las cualidades del poder ciudadano, que deja de ser una categoría abstracta para convertirse en una realidad a expensas del novedoso concepto del Gobierno colaborativo, es decir, del esquema administrativo en el que la opinión ciudadana tiene un peso específico.

Así las cosas, adquiere un significado mucho más vital el viejo aforismo según el cual “quien tiene la información tiene el poder”. Podríamos adicionarle que quien tiene el acceso a la información y la usa con ánimo participativo está dándole mayor relevancia al concepto de democracia.

Uno de los hitos más valiosos que nos ayuda a reconocer el autor es el proceso desencadenado en 2009, cuando el entonces presidente Barack Obama produjo en Washington su Memorado sobre transparencia y gobierno abierto. El primer mérito que se le reconoce al documento es que sirvió para identificar los elementos que configuran la “mano de obra” en la construcción de un Gobierno: compromiso, reconocimiento de derechos, claridad, inclusión y ciudadanía activa, entre otros de igual valía.

Podría afirmarse, a la luz del estudio realizado por el autor, que el concepto adquirió vocación transnacional en 2011, con el surgimiento de La alianza para el Gobierno abierto, concebida en el seno de las Naciones Unidas y que hoy convoca ya a 79 países, entre ellos 16 de Iberoamérica.

Sus páginas que vienen enseguida nos anuncian el advenimiento de una nueva era, la era de la inteligencia colectiva. Una era en que la apertura de la información pública y la cultura de la rendición de cuentas despejarán el camino hacia la transparencia.

En mi gestión como Contralor General de la República he encontrado en la tecnología y en la ciudadanía un binomio que replica dinámico y poderoso en el escenario del control fiscal. Un control que en los tiempos que corren debe estar orientado a abogar por prácticas administrativas propias de un Gobierno abierto.

Cuando nos enfrentamos a la ilegalidad, nos damos cuenta de que sus modalidades mutan y hasta se transforman tecnológicamente para evitar su detección. Si los ilegales utilizan herramientas sofisticadas, resulta de peso que el Estado tenga que hacer lo propio para combatirlos con efectividad.

Hemos recurrido a distintas herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial y de minería y analítica de grandes volúmenes de datos (lo que se conoce como big data) con el fin de consolidar, depurar, analizar e identificar riesgos en los procesos de contratación en el país.

Con fundamento en criterios de transparencia exigible en todas las esferas de la administración, dimos vida al proyecto Océano, la primera central de monitoreo a la contratación pública en Colombia, con capacidad para perfilar –en cuestión de segundos– a los contratistas y a los consorcios y uniones temporales que celebran negocios con la administración pública.
Si relacionamos los conceptos expuestos en esta obra con la necesidad apremiante de fortalecer la gobernanza, entenderemos que la simbiosis entre la apertura informativa de los Gobiernos y la participación ciudadana generan transparencia. Y es también allí donde entenderemos que la intensidad de esa relación determina que esa transparencia sea “proactiva”, “opaca” o “clara”, de acuerdo con las categorías aplicadas por el autor.

Esa apertura conspira contra la cultura del secretismo. Sus únicos límites están definidos por la necesidad, siempre excepcional, de conservar bienes jurídicos como lo serían, por ejemplo, la reserva sumarial o la información estrechamente relacionada con la seguridad nacional.

La obra nos invita a reflexionar sobre las cualidades del poder ciudadano, que deja de ser una categoría abstracta para convertirse en una realidad a expensas del novedoso concepto del Gobierno colaborativo, es decir, del esquema administrativo en el que la opinión ciudadana adquiere una dimensión especial.

“Transparencia” debe dejar de ser una expresión desgastada por uso para cobrar la forma de una realidad concreta.

Bogotá, octubre de 2019.

Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Contralor General de la República