Reseña

La irrupción de los contratos inteligentes (smart contracts), impulsados por tecnologías blockchain, ha generado una revolución en la forma en que se celebran y ejecutan acuerdos jurídicos y financieros. Estos contratos se caracterizan por su automatización e inmutabilidad, lo que ofrece ventajas como trazabilidad, transparencia y reducción de intermediarios. Sin embargo, esta transformación también plantea importantes retos para el control fiscal, entendiendo éste como el conjunto de mecanismos mediante los cuales el Estado supervisa la correcta administración de recursos públicos.

Uno de los principales desafíos es la falta de normativa. Los contratos inteligentes operan muchas veces en un limbo legal, lo que dificulta su fiscalización. Las entidades de control enfrentan grandes retos ante la necesidad de adecuarse conforme a las exigencias de esta nueva realidad.

Otro punto clave es la opacidad tecnológica. Aunque blockchain es público y trazable, su complejidad técnica impide que muchos entes de control accedan o interpreten la información de manera efectiva. Esto requiere de una actualización urgente en capacidades técnicas, incluyendo la formación de auditores en tecnologías emergentes.

Además, los contratos inteligentes podrían facilitar el uso indebido de fondos públicos si no están debidamente programados o supervisados. Al ejecutarse de manera automática, errores de codificación o condiciones mal definidas pueden derivar en pagos no justificados. Esto exige nuevos modelos de auditoría ex ante y ex post que incluyan revisiones de los códigos que hacen parte de dichos contratos.

Por último, la internacionalización de muchas plataformas limita la acción coercitiva del Estado. En contratos que operan en redes sin jurisdicción clara, los mecanismos tradicionales de control fiscal pierden eficacia, exigiendo una colaboración internacional y nuevas formas de regulación articulada.

En conclusión, los contratos inteligentes representan una herramienta poderosa para la eficiencia contractual, pero su uso en entornos fiscales y públicos requiere una profunda adaptación normativa, institucional y técnica. El control fiscal debe evolucionar hacia un enfoque que combine los saberes de tipo jurídico, tecnológico y ético, para garantizar que la innovación no se convierta en una vía para la opacidad o la impunidad.