Reseña

Los recursos públicos, como herramienta para el cumplimiento de los fines del Estado y atención de las necesidades colectivas, se obtienen a través de diversas fuentes: recaudación de impuestos, regalías, transferencias, venta de bienes y servicios, entre otros. Todos ellos son fundamentales para hacer posibles las políticas públicas y garantizar que la inversión pública se traduzca en bienestar para la ciudadanía.

Me he situado en ambas orillas: en el ejercicio de la gestión fiscal y en el del control fiscal. Mi desempeño como Auditor de la Contraloría de Bogotá y como directivo de esta misma entidad, así como mi labor en la Auditoría General de la República durante varios años —incluyendo mi paso como Auditor Auxiliar y, de manera interina, como Auditor General— me han permitido comprender que cada cifra es una historia, cada control es una apuesta por la transparencia y cada decisión tiene un impacto real en la vida de las personas. En este recorrido, he presentado informes estratégicos sobre temas cruciales como el Programa de Alimentación Escolar, la ejecución presupuestal territorial y las alertas tempranas sobre la gestión de recursos, experiencias que fortalecieron mi visión de un control fiscal preventivo, técnico y cercano.

Este libro nace de la convicción de que el control fiscal, entendido en su sentido más amplio, es una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la gestión pública. No se trata únicamente de vigilar y sancionar, sino de generar insumos para tomar mejores decisiones, prevenir riesgos y garantizar que cada peso invertido contribuya al bienestar colectivo. La evaluación del impacto de las políticas públicas debe partir desde su formulación, apoyándose en evidencias y en el contexto particular de cada territorio. Herramientas como el repositorio SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación (DNP) resultan esenciales para analizar los efectos de los programas sociales y medir su eficacia.

En estas páginas, el lector encontrará reflexiones fruto de mi experiencia, con el propósito de promover el buen uso de los recursos públicos, impulsar una gestión fiscal eficiente y fortalecer el control fiscal oportuno. La obra está inspirada en años de trabajo con entidades territoriales, organismos de control y actores del sector público, y busca mantener un equilibrio entre la rigurosidad técnica y un lenguaje claro y accesible. Porque detrás de cada indicador hay comunidades, proyectos, historias de éxito y lecciones aprendidas.

La importancia de las políticas públicas y de su adecuada materialización, de acuerdo con las condiciones particulares de cada territorio, es innegable. La Constitución, en su artículo 272, establece que las contralorías departamentales, distritales y municipales ejercen control fiscal en coordinación con la Contraloría General de la República, bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad. Cuando esta tarea se cumple de manera rigurosa y transparente, los efectos se sienten en la vida cotidiana de la gente, porque garantiza que los recursos públicos realmente lleguen a donde más se necesitan.
Con el avance de la investigación y la escritura, la obra se fue ampliando. Lo que empezó como un estudio sobre la función pública y el control fiscal, se enriqueció con dos capítulos adicionales dedicados a la deuda pública y el sistema de inversiones en Bogotá y a la gobernanza fiscal, el control preventivo y el valor público. Estos temas complementan la reflexión inicial, porque muestran que el control fiscal no puede limitarse a revisar el pasado, debe anticipar riesgos, evaluar la sostenibilidad financiera y medir la legitimidad que se construye cuando la ciudadanía percibe que sus aportes se transforman en resultados concretos.

Mi deseo es que este texto sirva como guía, como referencia y como invitación a repensar el papel del control fiscal en la construcción de un Estado más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía. A quienes trabajan día a día en esta tarea, les ofrezco estas páginas como un espacio para reflexionar, cuestionar y fortalecer sus prácticas.

Que este sea, en definitiva, un aporte más para consolidar una gestión pública que responda a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y equidad, en beneficio de todos, y que abra la puerta a un control fiscal verdaderamente integral. Uno que articule normas, datos, planeación, sostenibilidad y valor público para honrar la confianza de la sociedad en sus instituciones.