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ISBN 978-628-01-4628-7

El bloque hegemónico colombiano. Rupturas y continuidades, 2002-2012

Autor:Pardo Montenegro, Liliana
Editorial:Pardo Montenegro, Liliana
Materia:320 - Ciencia política (Política y gobierno)
Clasificación Thema::JPA - Ciencias políticas y teoría
Público objetivo:Profesional / académico
Disponibilidad:Disponible
Estatus en catálogo:Próxima aparición
Publicado:2024-08-12
Número de edición:1
Precio:$40.000
Soporte:Digital
Formato:Pdf (.pdf)
Idioma:Español / Castellano
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Reseña

Introducción

El primer gobierno que asumió Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014), representó elementos de ruptura y continuidad respecto a los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en el marco de la reconfiguración de las alianzas políticas y económicas dentro del bloque hegemónico colombiano. El cómo y el por qué existieron estos elementos de ruptura y continuidad hacen parte de una investigación que se inicia con un análisis de las políticas de gobierno en tanto continuidad en la Política Económica de Confianza Inversionista y en la Política de Defensa y Seguridad Democrática; y la ruptura de las relaciones diplomáticas con algunos países de la región latinoamericana.

La alianza que constituyó el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) combinó elementos importantes de continuidades y cambios. Por un lado, Santos Calderón, es heredero de una larga tradición familiar y empresarial en la política colombiana, fue ministro de Defensa (2006-2009) de Álvaro Uribe Vélez y principal ejecutor de la Política de Seguridad Democrática. Por otro lado, elaboró un discurso mediante el cual distinguirse de su predecesor a través de un nuevo perfil en el manejo de las relaciones con los países de la región y la priorización de la línea de gobierno de ejecución de la Política Económica de Confianza Inversionista.

Con lo cual es posible sostener que, aunque existió continuidad, también se trazó un cambio en las alianzas internas y en los nuevos lineamientos políticos nacionales. Dicha estrategia pretendió dar unidad a los intereses específicos de la clase política tradicional de Colombia, siguiendo una etapa denominada ‘bonanza económica’ en proyectos minero-energéticos.

El objeto de estudio está constituido por las dinámicas y las características de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014) como expresión de la reconfiguración del bloque hegemónico colombiano, cuyo fin es asegurar el dominio de clase y el modelo de acumulación vigente. Con lo cual han renovado las alianzas políticas y económicas e inclusive trazaron nuevas estrategias para la reinserción de Colombia en el escenario internacional.

La fórmula política de la coalición de la Unidad Nacional que impulsó
Santos expresó una identidad particular y un linaje familiar. Fue inscrita en una larga tradición, que combinó un enfoque político conservador con un marcado posicionamiento hacia el liberalismo económico. Al tiempo que adoptó nuevas estrategias para la ejecución de las políticas públicas y un pretendido mejor funcionamiento de las instituciones; los nuevos lineamientos gubernamentales reflejaron un reconocimiento de la fragilidad del manejo político del uribismo.

De ese modo, el gobierno de Juan Manuel Santos afianzó una reconfiguración dentro del bloque hegemónico para dar continuidad al proyecto de clase, fortaleciendo y desplegando nuevas alianzas políticas y económicas. El análisis de las tendencias de continuidad y ruptura en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón permitió revisar la reconfiguración de las alianzas políticas y económicas dentro del bloque hegemónico colombiano durante el periodo 2002-2012. Todo lo cual expuso los cambios y continuidades en las políticas de Seguridad Democrática y Confianza Inversionista; la reformulación y profundización de las alianzas del poder político con los sectores más
influyentes del poder económico y la reinserción de Colombia en el escenario regional.

La investigación problematiza a las clases dominantes colombianas y el
consenso hegemónico que han requerido para mantenerse en el poder y legitimarse ante los sectores dominados. Evidenciándose el singular avance de la fórmula política que aplica la estrategia de eliminar a los adversarios por la vía del consenso o de la coerción, que contrasta, a la vez, con la división de las alternativas de oposición, las cuales no lograron hacer frente a la consolidación del proyecto hegemónico.

Por eso se ha querido establecer cómo y por qué se han dado las nuevas
alianzas políticas, los nuevos acuerdos con el sector económico y las nuevas estrategias de inserción internacional. A partir de estas dimensiones analíticas fueron identificadas y caracterizadas las rupturas y perduraciones del bloque hegemónico colombiano a comienzos del siglo XXI, respondiendo a ¿qué tendencias de continuidades y cambios reflejó el gobierno de Juan Manuel Santos en el marco de la reconfiguración del bloque hegemónico colombiano?

La lectura de los Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci, aportó insumos valiosos al concepto de ‘bloque hegemónico colombiano’, entendiendo que la forma política del consenso activo de las clases dominantes se expresa en su doble papel de clases dirigentes de una alianza de intereses económicos y políticos tejidos en las interconexiones familiares de los grupos económicos con mayor poder de acumulación en Colombia y de clases dominantes que ejercen múltiples estrategias de dominación sobre las clases adversarias o de subalternos.

El concepto de alianzas es leído desde el estudio de Murmis & Portantiero (2011 [1971]) en el cual examinan la actuación de entidades corporativo-gremiales, partidos políticos y gobierno como una alianza de clases. Esta investigación sostiene que el proyecto hegemónico político-económico no era el proyecto indiscutido de la clase dominante, sino que, por el contrario, se observa en la propia clase dominante una ruptura, lo cual evidencia que, para la puesta en marcha de tal proyecto y su posterior mantenimiento fue necesaria la reconfiguración de alianzas políticas entre algunos sectores de la clase dominante.

La relación que este concepto de alianza de clases tiene respecto a la búsqueda por identificar y caracterizar los cambios y continuidades en la reconfiguración del bloque hegemónico colombiano del siglo XXI puede entenderse con la semejanza del pasaje:

"Nuestra imagen es, entonces, la de un proyecto que, si bien concita apoyo dentro de la clase dominante, no es el proyecto indiscutido de ésta. Su puesta en marcha y su posterior mantenimiento exige la constitución de alianzas entre sectores de la clase dominante y podrá, incluso, requerir la alianza de sectores ajenos a ella" (Murmis & Portantiero, 1971: 57-58).

Nuestro análisis contempla los siguientes pasos:
• La existencia de un proceso de alianzas de clases dominantes en Colombia.
• El contenido de la alianza en los movimientos orgánicos y los movimientos de coyuntura.
• Las condiciones que lo hicieron y lo hacen posible.
• Los alcances y finalidades de esta alianza, vinculadas a las limitaciones propias de la reconfiguración del régimen de acumulación capitalista en Colombia.

La reconfiguración del bloque hegemónico colombiano consiste en una
reacomodación de las relaciones de fuerza en la sociedad y en la alteración de los conflictos, en la búsqueda por sostener una hegemonía en el Estado, entendida esta como dirección dominante, que actúa sobre la estructura económica, la organización política de la sociedad y el modo de pensar (Gruppi, 1978).

Afirmamos que las fracciones de clases dominantes en Colombia no lograron constituir una hegemonía, sino bloques hegemónicos, que dieron lugar a alianzas de clases o confrontaciones por hacerse del poder económico y mantener el poder político. Gramsci señala que la hegemonía (o la “fase hegemónica”) equivale al “consenso activo” articulado desde el Estado (1986a: 52).

Este consenso fue posible en el Frente Nacional (1958-1974), no obstante, en la reconfiguración del bloque hegemónico colombiano preguntamos ¿cuánto se modificó el consenso entre los gobiernos de Uribe y los primeros años del gobierno de Santos?

Entonces se puede sostener que la hegemonía como consenso activo es una categoría de análisis que permite estudiar al Estado capitalista colombiano, en la perspectiva de hacer visibles y operativas las categorías de bloque hegemónico y clases dominantes. En cuanto al concepto de hegemonía, el Grupo de Trabajo Hegemonías y Emancipaciones’, de Clacso, ha venido trabajando en la conceptualización de la ‘hegemonía estadounidense’, con el objetivo de “comprender las modalidades de dominación político-militar capitalistas y las estrategias de control y uso de los territorios” (Ceceña y Sader, 2002: 11), revisando el papel de la economía mundial como “sistema de dominación hegemónica prevaleciente” (Ibid.).

Tal conceptualización tiene directa relación con el proceso de influencia de la ‘hegemonía estadounidense’ en las estrategias de control y uso del territorio colombiano. A partir de ello, consideramos posible comprender e interpretar la hegemonía como consenso activo desde las alianzas político-económicas creadas por las clases dominantes en Colombia. Se necesita precisar este concepto para conocer las finalidades y alcances del proyecto político-económico que representó el bloque hegemónico colombiano en el periodo 2002-2012.

En Colombia no podemos decir que existió crisis de hegemonía, en tanto
hubo continuidad en el mantenimiento del poder por parte de las clases dominantes, la crisis puede radicar en la inexistencia de una clase dirigente. El relevo político que significó la presidencia de Juan Manuel Santos, la reacomodación de los liderazgos en el gabinete y de funcionarios en la burocracia, como de los cambios protocolarios en los lineamientos de la política exterior, dejan suponer que, aunque hay una continuidad del bloque hegemónico, hay también un cambio en las alianzas político-económicas que asumieron el poder de la Unidad Nacional.

Revisar las alianzas político-económicas de las clases dominantes en Colombia permite indagar en el bloque hegemónico la forma en que se articula el conflicto en diversos órdenes. Uno de estos es la necesidad que tiene el modelo de acumulación capitalista de realizar el control del territorio, a fin de mantener un orden establecido para el beneficio de la implementación de la Política Económica de Confianza Inversionista, en tanto crecimiento económico sustentado en el libre comercio y las inversiones extranjeras dedicadas a la extracción de los recursos minero-energéticos.

La fórmula política de la Unidad Nacional ha sido una constante en la
historia política de Colombia, evidenciada en los hilos familiares que se han mantenido en los cargos de poder a partir de la Independencia. Las clases dominantes han logrado consolidar un bloque hegemónico mediante el cual negociaron los intereses económicos de la escasa diversificación del sistema productivo colombiano, en detrimento de la industria nacional y en beneficio del sector financiero.

Además, construyeron un consenso político con las clases de subalternos, realizando concesiones laborales, iniciando proyectos productivos de pequeña escala o contratos condicionados por el modelo neoliberal de tercerización, con los cuales administraron la falsa ‘prosperidad’, materializada en el asistencialismo del programa Familias en Acción, que mantuvo la deuda de los gobiernos que antecedieron a la Unidad Nacional en materia de política social.

El logro del consenso con sus adversarios armados en las conversaciones
de paz en La Habana (Cuba) fue tal, que las locomotoras de desarrollo estuvieron integradas en los intereses económicos de los negociantes. La matriz del modelo económico primario-exportador está lejos de ser transformada. Por el contrario, el Acuerdo de Paz se sostiene en las nociones de progreso y desarrollo que han de traer las explotaciones minero-energéticas, las mismas contra las cuales se daban las luchas y las voces de los movimientos sociales, las luchas de los campesinos y de las comunidades indígenas, que no solo han sido silenciadas por la represión armada legal y paramilitar, sino vilmente compradas por
agentes de inteligencia continentales y transoceánicos.

Las alianzas político-económicas que tejió la Unidad Nacional con el proyecto político de Juan Manuel Santos Calderón, impuestas por consenso y por coerción a una ‘tercera vía’ para Colombia; hacen parte de una política económica nacional auspiciada por las redes del capitalismo financiero internacional.

Los negociantes del consenso pactaron desde arriba, con la creencia de que, por encima de las fosas comunes del conflicto social y armado que ha padecido la historia colombiana, hay una fortuna por extraer de los territorios, que ha quedado concentrada en la acumulación de capitales de las clases dominantes locales y sus alianzas con lo que han denominado “oligarquías mundiales” (Revéiz, 2021, pág. 31).

La crisis económica del 2008 forzó a que las clases dominantes y los proyectos políticos de derecha en América Latina se reunificaran, con el claro propósito de conducir las nuevas vocaciones de los grupos económicos hacia el enriquecimiento lícito e ilícito de un reducido número de familias. La conciencia de clase de los grupos dominantes ubicó entre sus amigos a los partidos políticos tradicionales. La producción en masa privada de dólares de la banca federal de Estados Unidos, así como la formación de científicos e ideólogos latinoamericanos en sus aulas, ha corroído el trabajo de los movimientos sociales y las resistencias populares.

La confluencia de la Política Económica de Confianza Inversionista y la
Política de Seguridad Democrática con sus líneas de rupturas y continuidades entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, dejó un país con falsos positivos, con bajas en combate de muchos jóvenes y con falsos índices de crecimiento económico, sin distribución del ingreso, profundizando un modelo primario-extractivo dependiente de capitales externos.

El modelo económico primario-exportador expandió al continente la Política de Seguridad Democrática, con la cual las clases dominantes de Colombia incrementaron el uso de la coerción física en la ejecución de la represión del terrorismo de Estado. La tendencia de las relaciones internacionales regionales continúo en la imitación de fallidas recetas, en cuanto al recorte de la inversión social de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Hacer que los países de la región entendieran que no debían reproducir
tales fórmulas ha generado problemas de traducción por localismos entre los países de la región. La expansión del modelo de “Confianza Inversionista” de flujo de capitales legales, sostenidos con un considerable Producto Interno Bruto-PIB ilegal, no ha permitido hacer los análisis reales del fracasado modelo económico que ha profundizado el régimen de acumulación primario exportador del capitalismo colombiano. La intención de esta investigación es hacer un aporte para adelantar un largo proceso de comprensión de los intereses económicos puestos en juego en el conflicto armado colombiano.

Presentamos a continuación cuatro partes que ofrecen la secuencia del
contenido: en la Parte 1. Reconfiguración de las alianzas políticas se hace una semblanza de la clase política tradicional de fines del siglo XX y comienzos del XXI, contemplando la secuencia de acontecimientos que dieron lugar a la Gran Alianza en la elección del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), periodo en el cual se firmó el Plan Colombia y se llevaron a cabo los diálogos de paz en San Vicente del Caguán como intento de construir una supuesta política de paz, pero que terminaron en una declaración de guerras antiterroristas.

En segundo lugar, se considera el surgimiento del bloque emergente mediante la descripción de las interconexiones económico-políticas de la familia Uribe Vélez, indagando la carrera política de Álvaro Uribe Vélez (1976-1998) y la investigación de los procesos de la primera campaña presidencial (2002-2006) y del polémico procedimiento de reelección (2006-2010).

En la Parte 2. Políticas del gobierno colombiano 2002-2012, se muestran los cambios y continuidades en la Política de Defensa y Seguridad Democrática, en la Política Económica de Confianza Inversionista y en las relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos. Luego se analizan las consecuencias de las inversiones de la política económica y de la ejecución de la Política de Seguridad y Defensa que perpetuó el terrorismo de Estado padecido durante estos periodos de gobierno, con referencia a las alianzas políticas de paramilitares y políticos (parapolítica), las interceptaciones telefónicas (chuzadas), la desaparición y asesinato de jóvenes presentados como caídos en combate (falsos positivos) y el fraude del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

En la Parte 3. Alianza de clases dominantes 2010-2012, entendido como el regreso al poder de las clases dominantes que surgen de los partidos tradicionales de Colombia, se indagan las interconexiones familiares del presidente Juan Manuel Santos Calderón, las alianzas partidarias que se conformaron durante su periodo de gobierno, las relaciones que entabla con la guerrilla de las Farc-EP y las tendencias de las alianzas político-económicas.

Por último, en la Parte 4. Una breve aproximación a la historia reciente, 2012-2022, sostenemos que la fórmula política de la Unidad Nacional ha sido una constante en la política colombiana. Sin embargo, su implementación en la historia reciente dejó las cifras de mayor desigualdad social y la perpetuación de violaciones de los derechos humanos registrada desde los comienzos de la violencia.

Finalmente, se proponen unas conclusiones teóricas, en las que se sintetizan las categorías de análisis socio-histórico alianzas políticas, ideologías dominantes y bloque hegemónico.

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