Reseña

La prestación del servicio de suministro de energía eléctrica en la región Caribe ha sido muy accidentada y controvertida. Parte del problema viene de los recursos con los que cuenta la región y parte de la gestión que se ha hecho de las empresas que prestan el servicio. Pero, además, la regulación del servicio tampoco ha alcanzado los objetivos que perseguía la Ley 142 de 1994 cuando buscaba generar empresas
sostenibles que les pasaran su eficiencia a los usuarios a través de menores tarifas.
Al cierre de este informe, las tarifas de distribución y comercialización de energía en el Caribe colombiano no paraban de subir y se esperaba que esta tendencia alcista se acrecentara en los próximos años.
En primer lugar, las subidas de las tarifas reguladas han ocurrido en períodos de precios mayorista bajos, debido a más de seis años de condiciones hidráulicas propicias (un período de Niña prolongado), que para los próximos años no es una situación que esté del todo asegurada porque el ciclo hidrológico colombiano debe estar llegando a un período de sequía. Además de mayores precios futuros, las tarifas están subiendo por la inflación (del IPP) que indexa los precios de los contratos de energía. Con los altos precios mundiales del Gas Natural Licuado, del petróleo, del carbón y la mayor presión inflacionaria, las tarifas pueden ser un tema muy importante en los próximos años.
En segundo lugar, las tarifas no reflejan los costos reconocidos del servicio desde que llegó la pandemia, porque se ha decidido postergar el cobro del CU con una opción tarifaria. Por lo tanto, el sistema está generando “déficit de tarifas” que implica subidas por encima de los costos del servicio en el futuro cercano. Los déficits de las tarifas
suelen ser problemáticos porque resulta difícil reconocerlos en el futuro, ya que las autoridades suelen ser reticentes a subir las tarifas.
En tercer lugar, con mayores tarifas, mayores subsidios que se añaden a lo que está pasando con los combustibles derivados del petróleo, en especial la gasolina, y la mayor presión fiscal por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que alcanza casi 30 billones de pesos. En pocas palabras, la situación energética, sin
contar aún con la entrada de Hidroituango y con los déficits esperados de producción de gas natural para mitad de esta década, es apremiante.
6 En la región Caribe la situación es aún más compleja porque las dificultades de gestión de sus empresas no son cosa del pasado. El modelo de gestión ha cambiado y nos encontramos con empresas saneadas por la gestión fiscal para poderlas privatizar, después de la administración de la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios
(SSPD), pero cuyos costos reconocidos bajo el modelo temporal y singular creado por el gobierno y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) han contribuido al incremento en las tarifas en una región que alberga un tercio de los pobres del país. De los 11 millones de habitantes de la región un poco más de 5 millones se encuentran
por debajo de la línea de pobreza. Además, concentra una parte importante de las actividades industriales en Colombia, el 11% de usuarios no residenciales, en donde los relacionados con las actividades industriales representan el 7% y estos para la 6
generación de su producción consumen en promedio 5 veces más energía que el resto de las empresas industriales del país. En una región con estas características, los efectos de las alzas inusitadas en las tarifas tienen un impacto sobre la pobreza y competitividad.
Este estudio documenta las alzas tarifarias en la región, explica la razón de dichas alzas y estima el impacto que tienen sobre la pobreza y la competitividad de la industria manufacturera. Encontramos que la razón principal de dichos incrementos son las pérdidas reconocidas y el cargo de distribución que se suman a una coyuntura en los precios de los combustibles, en la inflación y en los precios de generación. La
regulación reciente, en especial la del régimen singular y transitorio, es otra de las causas que confirma una lenta, pero sostenida tendencia a remunerar el costo del servicio (el costo de la empresa) más que el costo de la empresa eficiente que constituyó el modelo de regulación de las primeras revisiones regulatorias. Lo anterior, desemboca en el
reconocimiento de las pérdidas reales, la adopción de tarifas retrospectivas (a la fecha de la solicitud tarifaria y no de la expedición de tarifas), además de la aceptación de un modelo que busca fomentar la inversión como lo es el de la resolución general (CREG015 de 2018).
Se encontró evidencia de que los incrementos sostenidos en la tarifa de energía eléctrica en la región Caribe han generado un mayor aumento de la pobreza monetaria y pobreza extrema en esta región que en el resto del país, y está afectando los niveles de competitividad de la industria manufacturera por aumentos en los costos de producción, debido a que en su estructura este sector en la región Caribe posee
actividades intensivas en electricidad, lo que conlleva inicialmente a un incremento en el precio final de los bienes producidos, pero que en un segundo momento conlleva a la contracción de la demanda de estos y con ello disminuyen los niveles de producción.
Este documento se compone de siete partes incluida esta introducción,
seguidamente, se hace un recuento de los modelos de gestión del suministro, la evolución de los costos de prestación del servicio (CU) y una comparación con las tarifas del resto del país. En una siguiente sección se presentan la regulación de la distribución y la comercialización del servicio de energía en Colombia y en la región
Caribe. En la cuarta sección se explica el régimen transitorio y singular para la región Caribe. En la quinta sección se calculan los impactos de las alzas en las tarifas de energía en la región Caribe sobre la pobreza monetaria y extrema. En la sexta se calcula el impacto del alza de la tarifa de energía eléctrica en la producción industrial. Finalmente,
se presentan las conclusiones del estudio.