Reseña

En el marco de una compleja situación de orden público, se esperaba la entrada en vigencia de una nueva Constitución política en Colombia. Era el inicio de la década de los noventa caracterizada por una crisis de legitimidad institucional como producto de la injusticia social, la incapacidad del Estado para mantener el control en la totalidad del territorio nacional y la insatisfacción de una ciudadanía que reclamaba cada vez más espacios de participación democrática. En este contexto, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de introducir cambios estructurales en el ámbito político administrativo a través de una Constitución, se convirtió en el vehículo para hacer realidad este propósito.

El 4 de julio de 1991, fue promulgada la nueva Carla política destacada por su vanguardismo, inclusión y reconocimiento de las libertades. Sus promesas fueron múltiples, y hacía que la misma se erigiera como la estrategia adecuada para superar la violencia y exclusión a la que sistemáticamente se había visto sometido el pueblo colombiano. Aunque se ha llamado "la Constitución de la paz", luego de 30 años el país se mantiene en conflicto a pesar de los diálogos de La Habana con las FARC-EP. Este periodo puede que no sea suficiente para recomponer las heridas históricas que se evidencian en el territorio. Tal problema a veces se ha intentado resolver reformando la Constitución; pero, es posible que lo que se precise reformar no sea la del 1991, sino lo que políticamente ha dejado la del 1886.

Con el paso del tiempo han sido múltiples los debates frente a su impacto. Uno de ellos, precisamente recae sobre los que critican las numerosas reformas que pone en cuestión él espíritu libertario del texto original, y los que las defienden aduciendo que las líneas estructurales se mantienen. Al cumplirse su trigésimo aniversario, una situación social cada vez más compleja obliga a plantear interrogantes sobre la eficacia de las normas. Pese a tener una de las constituciones más largas, completas y revolucionarias del mundo, Colombia sigue teniendo altos índices de violación de los derechos humanos. Este escenario sugiere una tensión permanente entre lo que formalmente está establecido en la norma, la capacidad material para aplicarlas por parte del Gobierno nacional y el respeto de la ciudadanía por ellas. El libro hace eco precisamente de este contexto anterior y plantea algunas perspectivas de análisis.