Reseña

La digitalización en la justicia se presenta como una respuesta necesaria e ineludible para garantizar la demanda de este servicio público fundamental; no es una lluvia de verano o nube pasajera como piensan de manera equivocada algunos colegas con respecto a la vigencia temporal del Decreto 806 de 2020, prueba de ello es la promulgación de la Ley 2080 de 2021 que incorporó definitivamente dentro del Procedimiento Administrativo y en el Proceso Contencioso Administrativo, algunas normas que introducen aspectos que ya se venían tratando por medio del Decreto 806 de 2020, y más para su mejoramiento.
Así mismo, el acceso a la justicia y a la administración pública por medio de las plataformas y canales digitales y el manejo de la prueba electrónica, sin duda alguna, representan un compromiso para la comunidad académica de futuros abogados, a los hoy litigantes y en general a todo aquel que pretenda hacer uso de la justicia virtual, la cual entró a raudales, con la intención de buscar una agilización de los procesos y facilitar la atención a los usuarios en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria declarada por el gobierno. Sin embargo, premonitoriamente hablando, es posible aseverar que esta digitalización en la justicia y la administración llegó para quedarse.
Por tal motivo, se requiere, de forma prioritaria, ineludible e impostergable, la aprehensión de conocimientos que se desprenden del proceso, procedimientos y de la prueba en el marco de la digitalización y en cada una de sus etapas, por lo que esta obra jurídica viene a constituirse en una necesidad doctrinal con la cual se puede aclarar y encarrilar las actuaciones administrativas y judiciales para poder responder con eficiencia al reto de modernizar un sistema judicial, el cual, evidentemente, requiere muchos cambios y la justicia digital se constituye en uno de esos tantos pasos que hoy en día se necesita para mejorarlo.