Reseña

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– nos acaba de sorprender con la cifra de que somos menos los habitantes en Colombia de lo que nos imaginabamos. Somos menos frente a lo que pensábamos, pero los recursos públicos que se han invertido, con todo y las limitaciones presupuestales, si son más, proporcionalmente. La lógica indicaría que deberíamos estar mejor de lo que estamos. Pero lo que ha sucedido es que “hacer más con menos” no ha sido en propiedad la máxima de la administración pública en Colombia. La realidad es que los recursos públicos no se han invertido lo suficientemente bien. Y no se ha hecho por diferentes motivos: corrupción, desgreño administrativo, ineficiencia administrativa, ausencia de adecuadas políticas públicas, entre otros.

La mala inversión significa pérdida de recursos y, por supuesto, el detrimento patrimonial del Estado. Si el Estado colombiano tuviera que declarar y pagar el impuesto de renta, el renglón de patrimonio en vez de aumentar cada año, vería una paulatina y preocupante disminución.
El Estado para atender sus funciones propias de soberanía y atender los compromisos como Estado social de derecho, tiene que adquirir bienes y servicios. Y ese proceso no lo está haciendo bien.

Los procesos de adquisición de bienes y servicios –la contratación pública– presenta hoy dos grandes problemas: por un lado la mala planificación por obras inconclusas porque no eran viables, sobrecostos por diseños inadecuados, adquisiciones inútiles que se deprecian y todo porque no se hacen estudios adecuados que soporten el proceso de adquisición. Y por otro lado, exigencias en los procesos de imposible cumplimiento, los llamados pliegos “sastre”, que conducen a proponentes únicos. No en vano, no quedó más remedio que establecer por ley para todas las entidades del Estado, el pliego tipo para la contratación de obras públicas. Al concluir este libro, aún no estaba reglamentado el pliego tipo, pero de seguro será un valioso instrumento para comenzar a darle a la contratación pública el verdadero espíritu de igualdad y libre concurrencia.

Por ello, nos ha parecido conveniente desarrollar unos criterios que debe tener la auditoría, tanto aquella que se desarrolla a través de las oficinas de control interno, como la que realizan los organismos de control fiscal, las contralorías y la Auditoría.

En este mismo texto se definen los alcances de las auditorías, teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia. Como pretendemos aclararlo en el desarrollo del texto, las auditorías comparten métodos y son complementarias, pero una tiene como esencia el autocontrol de la administración, mientras que la otra busca el control externo de la entidad y el resarcimiento del daño fiscal. El texto pretende ser una guía útil para la revisión y el análisis de los diferentes procesos contractuales, por lo que se buscó que fuera de fácil entendimiento no sólo para abogados, sino también para personas que se desempeñen en diferentes áreas del conocimiento.

Los criterios que exponemos pretenden fortalecer las auditorías para el desarrollo de su función en materia de contratación pública, teniendo como parámetro el paso a paso de cada una de las principales modalidades de selección establecidas en el artículo 2.º de la Ley 1150 de 16 de julio de 2007.

Lo que pretende este texto, en forma esquemática, es brindarle al auditor unas herramientas conceptuales para que su función tenga un verdadero alcance para determinar la eficiencia y eficacia de la contratación, a partir del control de legalidad de la etapa precontractual.

La auditoría de la etapa precontractual no puede realizarse como si se tratara de chequear una lista, sino bajo el criterio para determinar si la planeación y la estructuración de los procesos de contratación cumplen los principios tanto de la contratación estatal como de la función administrativa.

Al optimizar las auditorías a la contratación pública, se seguirá ante el cáncer de la corrupción y la administración pública tendrá herramientas para estructurar planes de mejoramiento que le permitan adquirir los bienes y servicios en forma eficiente y transparente, y por fin, hacer más con menos.