Reseña

Por mandato expreso de la Constitución Nacional nace la Ley 397 de 1997, llamada Ley General de Cultura, la cual fue modificada parcialmente por la Ley 1185 de 2008, Ley de Patrimonio Cultural. Esta a su vez fue reglamentada por el Decreto 763 del 10 de marzo de 2009, el cual fue compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 del 26 de mayo de 2015. Más tarde en el año 2019 se expide el Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015.
Al tenor de estas normas se reconoce que las declaratorias de BIC pueden ser realizadas por los diferentes entes territoriales. Poco a poco se fue estableciendo un procedimiento para las declaratorias de Bienes de Interés Cultural. Éste fue impulsado por la Dirección de Patrimonio, con el fin de evitar que las declaratorias de Bienes de Interés Cultural se hagan sin las correspondientes evaluaciones técnicas que den garantía que esos bienes cumplan con una serie de criterios y requisitos, definiendo cuáles bienes deben ser declarados de interés cultural con un “Plan Especial de Manejo y Protección” (definido por la Ley 1185 de 2008 en su artículo 7°, modificatorio del Artículo 11 de la Ley 397 de 1997), el cual debe ser formulado previamente.
En esta obra se hace referencia solo a los bienes de interés cultural inmuebles, por ser estos los únicos sujetos a ser inscritos en las Oficinas de Registro. Se hace un esbozo de los requisitos para acceder al registro, para efectuar la Declaratoria de Bien de Interés Cultural y para la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP, con el único fin de que sea una herramienta de consulta útil a las Oficinas de Registro para verificar que dichas declaratorias cumplan con el lleno de los requisitos legales, pero también con el fin de que sirva como guía a los entes municipales y distritales para realizar la declaratoria de un BIC y su respectivo PEMP, de requerirse.