Reseña

El conflicto armado en Colombia, especialmente en regiones como Santander, ha dejado cicatrices profundas en la sociedad, impactando a miles de familias que han sido víctimas de la violencia, el desplazamiento y las injusticias causadas por los actores armados. A través de mi experiencia personal y familiar, se puede evidenciar cómo el conflicto no solo afectó directamente la vida de los involucrados, sino que también generó un sistema de desigualdad y abandono que aún persiste.
La Ley 1448, a pesar de ser una medida importante para reconocer los derechos de las víctimas y ofrecer mecanismos de restitución y reparación, sigue siendo insuficiente. Si bien ha logrado ofrecer algunas soluciones a un número reducido de víctimas, su implementación ha sido ineficaz y ha dejado de lado a muchas personas que, aunque fueron afectadas por el conflicto, no cumplen con los requisitos exigidos para acceder a la indemnización y la restitución de tierras. Además, la falta de infraestructura y el enfoque insuficiente para atender a personas en situación de discapacidad o a adultos mayores demuestra los vacíos de una ley que aún necesita ser ajustada a la realidad del país.
La creación de programas como los PDET (Programa de desarrollo con enfoque Territorial) representa una oportunidad de desarrollo para las regiones más afectadas por la guerra. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente y la falta de interés por parte de las autoridades locales y nacionales ha resultado en una oportunidad perdida para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables. La desconfianza en las instituciones y la persistencia de focos de violencia y criminalidad en ciertas regiones dejan claro que el camino hacia una paz real y duradera es largo y complejo.
En última instancia, es crucial que el Estado colombiano asuma una postura más decidida en la implementación efectiva de los acuerdos de paz y en la reparación integral de las víctimas. Esto requiere un compromiso genuino de las autoridades y una profunda revisión de las políticas de seguridad, justicia y reparación. La paz no solo se logra a través de acuerdos entre actores armados, sino también mediante un verdadero proceso de reconciliación, justicia y desarrollo social que permita sanar las heridas abiertas por años de violencia y construir un futuro más justo para todos.
Este trabajo no solo es una reflexión sobre el dolor vivido, sino también un llamado a la acción para que las víctimas del conflicto no sean olvidadas y se les brinde una reparación adecuada que les permita reconstruir sus vidas con dignidad. Es necesario que la historia del conflicto armado en Colombia se siga contando y que cada una de las voces de las víctimas sea escuchada, para que las lecciones aprendidas nos guíen hacia un futuro de paz y justicia.