Reseña

La Constitución Política de 1991 formuló diferentes mandatos imperativos relacionados con el concepto de “descentralización territorial” , que posteriormente guiaron la consolidación de leyes y políticas públicas tendientes a otorgarles a las entidades territoriales la capacidad autónoma para administrar sus servicios públicos conforme a las realidades divergentes presentes en las mismas. El constituyente a través de la descentralización territorial, fundamentalmente tuvo la intención de que las entidades territoriales que se encontraban apartadas de las zonas más desarrolladas no se vieran afectadas por “dinámicas centralistas”, desde las que se priorizaba la calidad y cobertura de los servicios públicos en los grandes departamentos y municipalidades. En consecuencia, el texto constitucional busca que bajo las lógicas de la autonomía territorial, los municipios apartados realicen una prestación más eficiente de los servicios a su cargo, pues se planteaba que con un mayor sentido de pertenencia y entendimiento de sus características propias, los citados entes lograrían fortalecer la calidad y cobertura de aquellos.
En este contexto se estableció el mecanismo de la certificación municipal como una herramienta para concretar el principio de descentralización territorial, por lo que, a través suyo los municipios que acreditasen capacidad técnica e idoneidad, además de otros requisitos contenidos en la ley, podrían administrar directamente la prestación de los servicios públicos de educación y salud. Específicamente para la prestación del servicio público de educación surgió la Ley 60 de 1993 -posteriormente reformada por la Ley 715 del 2001- , que buscaba fortalecer la autonomía de los municipios otorgándoles la prestación directa del servicio educativo propendiendo por el robustecimiento de los estándares de cobertura y calidad. No obstante, las citadas estructuras normativas se han mostrado insuficientes al momento de solventar problemáticas que afronta la educación en Colombia. A partir de este contexto, la investigación analiza la descentralización territorial y la influencia real del mecanismo de la certificación municipal en la prestación del servicio de educación, con la finalidad de establecer si este logró tener una incidencia positiva en los estándares de calidad y cobertura de los municipios certificados respecto de aquellos que no lo están. Así, se busca determinar si realmente este mecanismo genera que los municipios adquieran competencias técnicas, administrativas y financieras suficientes para la autogestión de los recursos y el mejoramiento del servicio público de educación.