Reseña

Este documento parte de la necesidad de superar las brechas en la garantía y protección de los derechos de
propiedad colectiva de los pueblos indígenas cuyos territorios fueron constituidos en la segunda mitad del siglo
XX como Reservas Indígenas. No obstante ser contemplada normativamente a partir de los años ochenta, y de
haberse adelantado la misma efectiva y significativamente en distintos lugares del país, la conversión de estas a
Resguardos es al día de hoy un proceso inacabado.
Con la aprobación de la Constitución de 1991 el Resguardo retoma su carácter inalienable, imprescriptible e
inembargable, y son así mismo asumidos por el Estado los deberes frente a la protección de los derechos territoriales
indígenas de posesión, propiedad y ocupación adoptados por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) con el Convenio 169 de 1989, una realidad jurídica que pocos años después recogería la Ley 160 de
1994 disponiendo desde entonces que las tierras determinadas por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria
(INCORA) con el carácter de reservas indígenas, “constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines
previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991”.