Reseña

En nuestro país y pese al reciente y gran esfuerzo por entregarles los predios baldíos a las familias tradicionalmente poseedoras de éstos, incluso desde hace más de cuarenta años, las normas referentes a la titulación y la legalización de predios, se han quedado cortas y no consultan la realidad social ni el interés de los entes territoriales por hacerlo, ni muchas veces el derecho de propiedad, entre otros; algunas veces se contradicen y van en contravía de la Constitución Política, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda digna.

Se parte del presupuesto de que, en su mayoría, los poseedores de estos predios llegaron y se apropiaron de ellos, no por un afán lucrativo o de negocio sino desplazados por las circunstancias, la fuerza mayor y los problemas de violencia o de amenazas de los grupos al margen de la ley, dígase guerrilla o paramilitares o en su tiempo, por la violencia política de la década de 1950 que los llevó a establecerse y a construir sus viviendas en zonas no reguladas por el Estado, al borde de quebradas, en altas pendientes, en zonas de alto riesgo medianamente recuperables o no recuperables, en todo caso, en terrenos abandonados por las administraciones municipales, incluso con su aquiescencia o muchas veces por su negligencia.