Reseña

“Menos Delitos, Mejor Justicia” es un grupo de investigación avalado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, que nace el 25 de julio de 2019, con el objetivo de construir propuestas para la despenalización de algunos tipos penales bajo las teorías del derecho penal mínimo. El grupo desde sus inicios se ha encargado de analizar algunos fenómenos sociales para que, a partir de teorías, jurisprudencia, doctrina y estadísticas, se presenten proyectos y propuestas orientados a eliminar determinadas conductas actualmente consideradas como punibles, de acuerdo con las problemáticas sociales y sustentado en el principio de ultima ratio y el minimalismo penal de un Estado Social de Derecho.

El grupo ha optado por la apuesta del minimalismo penal, sustentado en la búsqueda de soluciones penales más justas, equitativas y adecuadas a los principios y valores propios del constitucionalismo contemporáneo. Esta corriente filosófica y dogmática dentro del derecho penal busca reducir la fuerza de punibilidad del Estado y limitar la intervención del sistema penal a lo estrictamente necesario, enfocándose y poniendo en práctica la supresión de tipos penales considerados como innecesarios, inadecuados o impertinentes, y en acoger interpretaciones más justas, ello teniendo como máxima que la expresión de coercitividad y punibilidad por parte del Estado solo debe ser usada en las situaciones que estrictamente lo requieran y que su empleo desmedido, sin límites, crítica o supervisión puede causar graves daños al tejido social y a la convivencia en sociedad.

En esta oportunidad, se presentan tres artículos académicos e investigativos que ponen de presente la necesidad de mirar con lupa nuestra legislación penal actual, pues se encontraron multitud de falencias y problemáticas relacionadas con la forma en que interactúan determinados delitos o normas penales dentro del aparato de administración de justicia, su ineficacia e impertinencia para lograr los fines de la pena dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, los costos que trae en relación con la protección de derechos fundamentales y la carga que representa mantener dichas tipificaciones al interior de nuestro sistema judicial.

Es por ello que la revista recibe el nombre “De lege ferenda”, clásico latinazgo jurídico que significa «para una futura reforma de la ley» o «con motivo de proponer una ley», pues se pretende que con estas investigaciones se den los debates y discusiones necesarias para definir si se deben eliminar, modificar o adicionar las normas penales que se ponen en duda y cuestionamiento al interior de cada una de estas rigurosas investigaciones.