Reseña

En Colombia, el artículo 13 de la Constitución Política establece que todas las personas nacen con igualdad de derechos y ante la ley, y deben recibir un trato igualitario y protección por parte de las autoridades, independientemente de su sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. Además, varios otros artículos de la Constitución, como el Artículo 7, el Artículo 11 y el Artículo 43, hacen referencia de manera inequívoca a la inclusión como un derecho reconocido y respaldado por el Estado colombiano, (Constitución Política de Colombia. (1991).

Desde esta disposición se determina también, que es función y responsabilidad del Estado promover condiciones para adoptar medidas que garanticen la inclusión para todos y diferencialmente para grupos que han sido históricamente marginados y discriminados. Así mismo que desarrolle los mecanismos para proteger a quienes se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta y finalmente aplicará las sanciones sobre los agentes sociales que perpetren abusos y maltratos.

Desde el punto de vista del marco normativo, no obstante, lo expresado tanto en la Declaración de Derechos Humanos como en la Constitución Política de Colombia, aún existen en el mundo y para el caso colombiano en el país, miles de personas segregadas y excluidas, que para el caso colombiano, es uno de los países que presenta mayor exclusión social, siendo una sociedad que aun exhibe fuertes raíces de segregación con causas en lo social, lo político, lo civil y lo cultural.

Esta situación es aún más compleja para la población privada de la libertad en Colombia, encontrándose diferentes elementos de segregación persistentes y en diferentes ámbitos.

En el caso de la población privada de la libertad en Colombia, son muchos los aspectos sobre los cuales debe incidir el Estado para fortalecer su inclusión real y efectiva en el marco de los propósitos planteados por el ordenamiento jurídico, así como de las recomendaciones y directrices de los organismos internacionales que se centran en la promoción de los derechos humanos, la rehabilitación y la resocialización de los reclusos, así como en y la mejora de las condiciones de reclusión; es decir, hacia la transformación social y normativa que garantice a esta población el acceso a servicios y el goce de los derechos ciudadanos e incluso, que posibilite la inclusión, la integración y la resocialización.