Reseña

En el complejo escenario de las elecciones territoriales en Colombia, se ha emprendido una incansable lucha por preservar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. Esta adecuación normativa ha sido crucial
para enfrentar de manera certera las conductas ilícitas que amenazan la
integridad del sistema democrático. Los delitos electorales no solo erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también conllevan consecuencias perjudiciales para la gestión pública y el bienestar colectivo. Asimismo, resulta imprescindible abordar la problemática de la irregularidad electoral, que abarca conductas relacionadas con prohibiciones, inhabilidades y limitaciones impuestas a los funcionarios públicos para intervenir o participar en actividades políticas. Estas restricciones tienen como propósito salvaguardar la transparencia del proceso electoral y se encuentran contempladas en diversas instancias normativas, tales como la Constitución Política, el Código Disciplinario Único y el Contencioso Administrativo, así
como en las disposiciones emanadas del Consejo Nacional Electoral.