Reseña

Desde el 7 de agosto de 2022, cuando se posesionó el presidente Gustavo Petro, se ha anunciado una serie de reformas estructurales en materia económica, política, social y ambiental para el país, además el actual gobierno se ha comprometido a implementar el Acuerdo Final y lograr la Paz Total.

En los primeros 100 días de su mandato el gobierno acogió e implementó algunas medidas del Plan de Emergencia, que tenía por objetivo detener la sistemática violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y disminuir los riesgos en las comunidades a causa de la continuidad del conflicto armado. Si bien el país presentó una leve reducción en agresiones contra la vida e integridad de comunidades, líderes y lideresas sociales y firmantes de la paz, la realidad es que en los territorios especialmente rurales y de comunidades étnicas, se continúa padeciendo la grave crisis humanitaria, las violaciones a los derechos humanos y la persecución contra quienes defienden la vida, los territorios, la paz y los bienes comunes. Los principales responsables son las estructuras paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero también el Estado Mayor Central de la FARC –EP, así como el Ejército de Liberación Nacional.

El caso de Antioquia es uno de los más dramáticos de Colombia, así lo evidencia este informe que contiene tres apartados. El primero de ellos es un “Balance de la situación de derechos humanos, DIH y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Antioquia, 2022”, el cual ha sido elaborado por la Corporación Jurídica Libertad -CJL. En este se evidencia la continua situación de vulnerabilidad que tienen las subregiones del departamento a causa de la continuidad del conflicto, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y de las garantías para los líderes y lideresas sociales.

Un segundo apartado, que aborda los retos de la Política de la Paz Total, el seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia en 2021 en materia del derecho a la protesta social y los desafíos que implica para el actual gobierno nacional la transición energética justa.

El tercer apartado está dedicado a informes territoriales sobre Antioquia, Nordeste y Bajo Cauca; a su vez hay análisis temáticos que trabajan el tema de la impunidad que rodean las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y la situación de violencia antisindical en el departamento; estos textos fueron elaborados por: la Corporación Comité Jesús María Valle Jaramillo, Escuela Nacional Sindical, la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, Fundación Sumapaz y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social. Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de cada entidad.