Reseña

El análisis de nuestro sistema tributario territorial es, cuando menos, poco alentador. Resulta ineficiente, disperso, desactualizado, desarticulado, poco dinámico, generador de externalidades negativas para los contribuyentes por cuenta de las diferencias que se evidencian en la regulación sustancial y en la aplicación práctica de tributos de la misma naturaleza en diferentes entidades territoriales y, definitivamente, no logra interiorizar y resolver las diferencias existentes de capacidad institucional entre dichas entidades.

Además, es atrasado tecnológicamente, circunstancia esta que, de manera trascendental complejiza las labores de nuestras autoridades y el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales por parte de los contribuyentes, en franco desmedro, entre otros, del principio de eficiencia.

Estos, y otros más, son los presupuestos sobre los que la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial (2019), luego de recoger algunos de los planteamientos expuestos por la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria (2015), propone una serie de importantes recomendaciones, algunas de las cuales analizamos, debatimos y, respetuosamente, complementamos.

Los esfuerzos en el ámbito fiscal por parte del ejecutivo y del legislativo deben dejar de concentrarse exclusivamente en el fortalecimiento de los tributos nacionales y, en su lugar, aunque resulte una tarea ambiciosa, deben enfocarse en abordar integralmente la problemática del sistema tributario, incluyendo el territorial. Para ello proponemos, de una parte, cuatro premisas fundamentales y generales para ejecutar dicha labor y, de otra, las modificaciones particulares que estimamos contribuyen a solucionar las principales problemáticas que, en la práctica, afrontan los extremos de la relación jurídico-tributaria en materia del impuesto predial unificado, del impuesto de industria y comercio, del impuesto de delineación urbana y de la contribución por participación en la plusvalía.