Reseña

Los gobiernos son organizaciones con una extensión mayor que cuentan con su propio territorio geopolítico donde se desarrolla su población, para el debido funcionamiento de un gobierno en su sector público se debe realizar una delegación o división de funciones.
En el caso de la vulneración de los derechos, legalmente, las personas tienen el derecho a comenzar un proceso penal por medio de una denuncia a las autoridades; al igual que las víctimas o presuntas víctimas, las personas que son denunciadas tienen el derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya que no deben ser prejuzgados sin una sentencia que determine su culpabilidad. Ambos derechos, derecho procesal penal y el derecho a la presunción de inocencia, están ligados al derecho del debido proceso, ya que el proceso penal debe ser justo e imparcial para ambas partes. Durante el proceso penal se realiza una diferencia entre las personas que han sido denunciadas, ya que este proceso puede ser derivado hasta órganos jurisdiccionales mayores debido a las apelaciones que se presente; esa diferencia se observa en la clasificación del denunciado: procesado y sentenciado.
En el Perú, el porcentaje de la población penitenciaria ha aumentado los últimos años, a finales del 2018 se estima 90 mil 934 internos, de los cuales el 60,7 % eran internos sentenciados y el 39, 3 % estaban en situación de procesado; estos presentan una relación inversa, ya que mientras disminuya la cantidad de procesados, aumentará la de sentenciados. A pesar de la diferencia teórica que presenta una persona interna procesada y sentenciada, ambas son delegadas a unidades carcelarias dependientes, de modo que el derecho del interno procesado a su libertad y el derecho a la presunción de inocencia es vulnerado hasta cierto punto.