Reseña

En el mundo, los sistemas de justicia usualmente utilizan la privación de la libertad por encima de otras decisiones punitivas, esto hace que los establecimientos penitenciarios y carcelarios tengan elevadas cifras de población privada de libertad, cuyas tasas suelen aumentar año a año, en muchos países manteniendo una sobrepoblación. En América Latina, las tasas de encarcelamiento son casi el doble de la media mundial, con una sobrepoblación muy alta y, por lo general, dichos establecimientos tienen deficiencia de recursos y difíciles condiciones de vida, lo cual lleva a que existan enormes dificultades para el acceso a derechos como educación, trabajo, agua potable, artículos de aseo personal y atención en salud, lo que constituye a las cárceles como lugares con una alta prevalencia de enfermedades infecciosas.
Dado que la población carcelaria vive de manera permanente con afectaciones a la salud, resulta oportuno hacer un análisis a las medidas que los diferentes actores del sistema han adoptado durante la pandemia del covid-19, describiendo la gestión realizada por la institucionalidad, identificando las prácticas sociales implementadas y caracterizando la forma en que se configuraron las redes de apoyo.
La emergencia sanitaria demandó esfuerzos en todos los países y en sus instituciones, que tomaron las medidas necesarias en medio de la situación atípica para mitigar los contagios y la expansión del virus, lo que, en ocasiones, se priorizó sobre la garantía de los derechos fundamentales de la población.