Reseña

En 2019, la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados presentó ante la Contraloría General de la República una solicitud formal para que la entidad ejerciera un control excepcional en relación con la suerte que corría el proyecto Hidroituango, que por aquella época presentaba un alto riesgo de colapso.

Aunque la Contraloría General de la República trabajaba intensamente en el impulso a una reforma al modelo de control fiscal, que más adelante sería aprobada por las cámaras legislativas, no tenía aún la competencia para asumir de forma directa una investigación con consecuencias de carácter fiscal en caso de que la emergencia resultara atribuible a ineficiencia o desidia, por ejemplo, de los gestores y ejecutores del proyecto.

Sin embargo, el ente de control, en virtud de sus competencias, estaba revisando de manera indirecta el proyecto desde su Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. Lo hacía, entre otras cosas, para absolver dudas crecientes sobre su licencia ambiental. Pero había más, a raíz de la mal llamada “contingencia” la misma delegada tuvo que modificar su plan de auditoría para atender la nueva situación que enfrentaba el proyecto.

El control excepcional habilitó el camino para que la Contraloría Delegada de Minas y Energía iniciara una Actuación Especial a los recursos del proyecto. En colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, los resultados de ese trabajo habrían de convertirse en el primer insumo que la Unidad de Investigaciones Especiales utilizaría para abrir el proceso de responsabilidad fiscal y tomar las decisiones de fondo con dos consecuencias de capital importancia: la determinación de los responsables fiscales y el gran rescate de Hidroituango.