Reseña

Durante los últimos cuatro años, la Contraloría General de la República de Colombia (CGR) ha realizado un trabajo focalizado, basado en las necesidades contextuales y organizacionales. Así, hemos procurado fortalecer las competencias de los funcionarios de nuestra entidad, por ejemplo, mediante la formación en prevención en daño fiscal de los sujetos de control con el fin de promover buenas prácticas en la administración de los recursos públicos, así como la promoción de los principios constitucionales que rigen el gasto público.

Es en este sentido, desde el Centro de Estudios Fiscales (CEF) presentamos ante ustedes el gran trabajo teórico y argumentativo denominado “buenas prácticas en la contratación estatal en el escenario de la responsabilidad fiscal”, agradeciendo a los autores su perspectiva seria y fundada sobre el correcto ejercicio del contrato estatal y las consecuencias derivadas en materia jurídica, y por supuesto recomendando al público la consulta de este valioso texto.

Además de ser una hoja de ruta y una fuente de consulta indispensable para el gestor fiscal, ofrece perspectivas críticas en torno a la función de declaración de responsabilidad por parte de la entidad fiscalizadora, en el evento de que se constate la existencia de un daño derivado de la acción u omisión del gestor fiscal en el marco de sus atribuciones, incorporando reflexiones en torno al debido proceso, la determinación del daño y el alcance de las obligaciones pactadas en el contrato estatal.

Destacamos especialmente, el análisis riguroso de la casuística derivada de los fallos de responsabilidad fiscal proferidos por la CGR en materia contractual, respecto de los cuales se derivan estándares y criterios constitutivos de buenas prácticas, que se articulan con las consideraciones dispuestas por el Consejo de Estado, así como las medidas existentes en los sistemas de compra pública nacionales e internacionales, lo que sin duda permitirá contribuir a la consolidación de buenas prácticas para gestores fiscales, así como para las entidades fiscalizadores superiores en la protección de los recursos públicos.