Reseña

El objetivo del presente informe es denunciar ante la Jurisdicción Especial para la Paz el eje de las judicializaciones como política de Estado para perseguir y desarticular el tejido social de la región del Centro Oriente de Colombia, en el marco de toda una estrategia criminal de agresión.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra ha considerado que si
bien las violaciones sistemáticas a los derechos e infracciones al DIH se han presentado de manera grave desde finales de los 70, con el comienzo de la exploración y explotación petrolera en el departamento de Arauca, han habido periodos en los que la judicialización ha sido más alta. Es por ello que se ha tomado como referencia para el presente informe los hechos de judicializaciones masivas de líderes, lideresas y defensores de DDHH, ocurridos entre el año 2002 y 2013, por ser una época en la que el Estado a través de la política de “Seguridad Democrática” puso énfasis en las capturas masivas y selectivas de nuestros dirigentes; con los casos documentados dentro de este lapso se evidencia la sistematicidad del hecho.
Este informe fue construido a partir de los comunicados que la Fundación ha emitido desde su creación, y del acompañamiento jurídico que ha prestado a un sin número de líderes/as que han sido capturados/as y judicializados/as por el Estado colombiano. Información que fue apoyada con cinco entrevistas que se realizaron en el municipio de Saravena a líderes y lideresas que fueron señalados/as, judicializados y encarcelados por el Estado y que hoy esperan ser reparados por las afectaciones causadas. Además de diversas fuentes secundarias que aportaron a la consolidación del presente documento.
Este ejercicio fue apoyado por el Observatorio de Frontera Territorio y Paz de la Universidad Nacional de Colombia, y acompañado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).