Reseña

La Contraloría General de la República –CGR–, en cumplimiento de lo estipulado mediante el artículo tercero del Acto Legislativo 1 de 2016, presenta el cuarto informe de seguimiento a la ejecución de los recursos y al cumplimiento de las metas del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto –AF–, el cual contiene acciones alrededor de seis puntos: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Acuerdo sobre las víctimas y 6. Mecanismos de implementación y verificación.

El análisis presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los puntos del AF, e identifica los riesgos más relevantes tanto en materia de financiación y ejecución presupuestal, como en la implementación de las políticas públicas que contemplan el Acuerdo.

Para la construcción del informe, se contó con el análisis de diversas fuentes de información como el SPI del SUIFP, SIIF Nación, Gesproy, CICLOPE, SMSCE, SECOP I, SECOP II, SIIPO, SISPNIS, entre otras. Así mismo, se llevó a cabo rendición de información a las entidades responsables de la implementación del AF del nivel nacional, en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas –SIRECI– con respecto a la vigencia 2019 a través de tres formularios: i) Programación y ejecución presupuestal del posconflicto, incluyendo gastos de funcionamiento y los recursos destinados a pueblos étnicos; ii) Seguimiento a la ejecución de las entidades del PGN, a nivel de municipios PDET; y iii) Seguimiento a los indicadores del Plan Marco de Implementación –PMI– con corte a diciembre de 2019. Adicional a esto, se contó con la información del marcador de posconflicto en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP–, implementado por la CGR en 2019, para identificar y analizar la información presupuestal del orden territorial.

Sobre la base conceptual de los ciclos de política pública y las categorías de cadena de valor de la metodología de seguimiento al PMI de la CGR, se actualizó y solicitó información sobre avances y obstáculos en el cumplimiento de los acuerdos a las entidades asociadas a la implementación, para el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, por medio de formularios diligenciados en abril del presente año.

También, se tuvieron en cuenta en el análisis los resultados de la coordinación intersectorial de las diferentes delegadas de la CGR, que tienen competencias de control frente a entidades centrales en la implementación del AF, las cuales han realizado intervenciones de control fiscal, vía auditorías o estudios sectoriales.

En línea con los informes anteriores presentados por la CGR, este documento se estructura en dos capítulos: el primero, aborda el seguimiento detallado a los recursos de la implementación del AF; y el segundo, el estado de avance de los propósitos de este, en cada uno de los puntos que lo constituyen.

El capítulo de seguimiento a los recursos del AF, presenta el estado de la ejecución y programación de los recursos de la implementación del AF por fuente de financiación y punto del AF, para el periodo comprendido entre 2017 a 31 de marzo de 2020, respecto a lo planeado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP– 2017 ajustado en 2018 y el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz –PPI–. De igual manera, analiza la calidad de la información de los proyectos de inversión del PGN, asociados al marcador construcción de paz del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión –SPI– del SUIFP y su contribución a la implementación en términos de proceso, resultado intermedio o resultado final. Esta sección contempla el seguimiento a la ejecución del Presupuesto General de la Nación –PGN– en municipios PDET, según lo reportado por las entidades a la CGR, a través de la rendición SIRECI.

De igual forma, se incluye un análisis de la ejecución de los recursos administrados y ejecutados a través del Fondo Colombia en Paz –FCP–, con corte a 31 de marzo de 2020. Este instrumento fue creado mediante Decreto 691 de 2017 , según los lineamientos del Conpes 3150 de 2020, como principal vehículo para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para la implementación del AF. Adicionalmente, en esta oportunidad, el capítulo financiero, profundiza sobre los recursos ejecutados través del Sistema General de Regalías –SGR–, desde la perspectiva de la aprobación y ejecución de proyectos aprobados por medio de OCAD PAZ, con corte a mayo de 2020, y plantea un ejercicio de seguimiento a la contratación pública asociada al posconflicto gracias al ejercicio de analítica de datos, tomando como referencia los contratos de pequeña y mediana infraestructura de la Agencia de Renovación del Territorio –ART– y los contratos del OCAD PAZ del SGR.

Los principales riesgos detectados en relación con el seguimiento de los recursos son: i) Excepto para el caso del PGN, las demás fuentes de financiación previstas para el acuerdo programaron y ejecutaron recursos por debajo de lo estipulado en el MFMP 2017 durante las vigencias 2019 y 2020, lo que conlleva a una ejecución de la implementación del AF inferior a la prevista; ii) Menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del SGP, muy por debajo de las expectativas de financiación según MFMP y en el PPI de Paz del PND 2018-2022. Aún no se cuenta con normatividad y lineamientos que permitan el uso de esta fuente en la implementación del AF; iii) Asignación del gasto desbalanceado frente a las necesidades más urgentes de la implementación del AF; iv) Prevalece el riesgo de no cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para cumplimiento del AF.

La ejecución de recursos 2017-2019 y la programación 2020, señalan una baja concentración de recursos orientados al ordenamiento social de la propiedad, implementación de los PATRS y a la solución del problema de drogas, en especial hacia el PNIS. Adicional a esto, prevalece una baja disponibilidad y calidad de los marcadores para la identificación y seguimiento de los recursos de posconflicto en las diferentes fuentes.

Respecto al PGN, desmejora la consistencia de los proyectos asociados al marcador de construcción de paz frente a la vigencia anterior, los niveles de subreporte son altos y prevalecen las dificultades para cuantificar y territorializar los productos del PMI, dificultando el seguimiento, control y verificación de la contribución y ejecución de los recursos del trazador de paz. Por su parte, prevalece la dificultad de hacer seguimiento orientado a resultados de los recursos que ingresan al FCP, toda vez que estos se ejecutan en su mayor parte sin una metodología, que permita el establecimiento metas e indicadores.

En cuanto a los recursos del OCAD PAZ, la implementación se enfrenta a la debilidad técnica en los municipios para la adecuada formulación de proyectos de inversión con cargo a los recursos de la bolsa concursable de asignación para la paz. Por otra parte, el ejercicio de analítica de datos destaca un subreporte de información asociada a la contratación pública, lo cual implica pérdida de la trazabilidad de los recursos y dificulta el seguimiento y control fiscal de los mismos.

El segundo capítulo de este informe presenta el balance de la implementación AF para cada uno de los seis puntos del mismo:
En relación con la Reforma Rural Integral, si bien se finalizó la fase de construcción participativa de los Planes de Acción para la Transformación Regional –PATR– y se avanzó en cuanto al diseño metodológico de la hoja de ruta a través del Piloto Catatumbo, el estado actual de la implementación de las iniciativas PDET es muy bajo. Así mismo, persiste la desarticulación entre los PATR como herramientas de planeación y los Planes Nacionales Sectoriales –PNS–, estos últimos con un bajo nivel de formulación. En la misma línea, se identificó un déficit aproximado de $54,5 billones en el costeo actual de los PNS formulados, frente a lo programado en el MFMP. Los pilares de mayor dinámica se asocian al pilar de infraestructura y adecuación de tierras, con avances en cobertura de energía eléctrica y conectividad a internet rural, y al pilar de educación rural en materia de cobertura y pertinencia educativa, y a atención a la primera infancia. Los pilares más rezagados frente a las metas trazadoras de la RRI y de indicadores del PMI, son los del ordenamiento social de la propiedad, productividad agropecuaria y economía solidaria, y el de garantía progresiva al derecho de la alimentación.