Reseña

A agosto de 2021, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (en adelante DIARI) de la Contraloría General de la República había emitido un total de 710 alertas por valor de $9,80 billones de pesos, 482 en 2020, por cerca de $750.000 millones, y 228 en lo que va corrido de 2021, por más de $9,05 billones. Son algunos de los resultados de los primeros meses de funcionamiento de la DIARI, el motor del nuevo modelo de control fiscal preventivo y concomitante en Colombia.

Debemos reconocer que han sido meses extraños. Nuestro trabajo en la dirección de la DIARI se ha desarrollado en medio de estrictos protocolos de bioseguridad en reuniones presenciales, y un cúmulo de trabajo virtual con un equipo que ha impulsado la que consideramos la reforma más ambiciosa al control fiscal de las últimas décadas en el país.

Con sacrificio y con la convicción de la relevancia de nuestra labor, hemos evidenciado cómo las leyes se pueden convertir en realidad palpable. Desde el 4.° piso de la sede principal de la Contraloría General de la República –CGR– y, en especial, desde la Sala Suricato de la DIARI, un equipo de cerca de 120 personas busca, procesa y analiza información en un potente sistema de analítica de datos, inteligencia artificial y georreferenciación satelital que tiene disponibles más de 2.800 bases de datos que dan cuenta de la contratación, de los activos y de la ejecución de los recursos del Estado.

Sabemos que el contralor CARLOS FELIPE CÓRDOBA concibió y desarrolló la DIARI desde que inició su carrera en la Contraloría General, hace una década, y la fortaleció cuando decidió poner en marcha la gran reforma de esta enditad. Aunque no creemos en el don de la clarividencia, a diario cavilamos sobre cómo, casi en la misma fecha en que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia, en marzo de 2020, prendimos los motores de la DIARI, un poderoso sistema para generar los resultados que ahora se traducen en tangibles beneficios para el país.

La reflexión se justifica porque muy pronto nos enfrentaríamos a nuestra primera gran prueba de fuego: un universo de 539.616 contratos, por 53 billones de pesos, de contratación pública celebrados en el contexto de la emergencia sanitaria declarada ante la inminente pandemia por el coronavirus.

Todo este equipo, como si se tratara de una maratón, puso en marcha el Modelo Analítico de Sobrecostos, que explicaremos en el capítulo 6.°, con el que la DIARI revisó, entre marzo y noviembre de 2020, cerca de 150.000 contratos por 11,7 billones de pesos. La revisión llevó a emitir 465 alertas por presuntos sobrecostos en la contratación para atender la pandemia por la COVID-19, por un valor de $577.694.247 millones de pesos.

Han sido 18 meses de trabajo en los que hemos liderado a ingenieros, analistas y demás funcionarios que pueden cruzar, solo por citar un ejemplo, las bases de datos de cerca de diez millones de estudiantes matriculados en las escuelas y colegios públicos con las de la Registraduría Nacional y hallar si hay algunos fallecidos, inexistentes o “fantasmas” por los que el Estado gira recursos.

Cuando miramos hacia atrás, entendemos que concretar el proyecto no solo ha sido cumplir con rigurosidad los mandatos constitucionales y legales, sino parir y celebrar el primer aniversario de la DIARI. Una dependencia estratégica para el salto tecnológico de la CGR, ubicada en el organigrama de la entidad entre la Vicecontraloría y las Contralorías Delegadas, que se despliega de forma transversal para surtir y enfocar con el análisis de datos, el trabajo en todos los niveles de la CGR, como lo veremos en el capítulo 4.°

Sin este poderoso motor en el que se entrenan a diario algoritmos, los auditores de esta entidad jamás hubieran podido revisar, como lo hizo la DIARI con geovisores satelitales, la huella minera ilegal de oro de aluvión y su relación con los cultivos ilícitos, para empezar a identificar la eficacia de la inversión presupuestal destinada a cuidar el medio ambiente de uno de los países más biodiversos del mundo. O procesar, segundo a segundo, con las bases de datos que están asignadas al Plan Nacional de Vacunación, la totalidad de personas a las que se les aplicó un biológico para combatir la COVID-19 y verificar si seguían la priorización de edades dispuesta por el Gobierno.

Si estos análisis –solo algunos ejemplos del trabajo en línea de la DIARI– se hubiesen realizado revisando archivos, carpetas o planillas, nunca la Contraloría General habría podido dar los resultados que ahora resaltamos. Todo este proceso lo hacemos sin co-administrar, haciendo un trabajo mancomunado con nuestros sujetos de control.