Reseña

En materia de justicia penal militar, la legislación colombiana puedecaracterizarse por una marcada inestabilidad, en la que permanentementese están generando cambios normativos; por la inexistencia de una teoríapropia del derecho penal o procesal penal militar, pues siempre la hacendepender —particularmente en los últimos estatutos— del derecho penalordinario, y por estar en espacios con una importante tensión, como lodemuestran los debates sobre la posibilidad de que autoridades militaresjuzguen a civiles y los debates sobre el fuero penal militar.El derecho penal militar en Colombia tiene su primer antecedenteen el Decreto Real del 9 de febrero de 1793, proferido por Carlos III,que señala que “Los jueces y tribunales que hayan incurrido en competencias enviarán los expedientes a la jurisdicción militar en tal forma quesus tribunales pueden proceder de conformidad con la ordenanza en casode infracciones militares….”. Esta disposición fue incorporada a nuestralegislación a través de las Leyes de Indias.En la Constitución de 1812 se instaura el Tribunal Supremo deGuerra. El artículo 174 de la Constitución de 1821 dispone que ningúncolombiano, con excepción de quienes estuvieren empleados en la marinao en las milicias que se hallaren en servicio, deberá sujetarse ni sufrir loscastigos establecidos en las leyes militares. Mediante el Decreto del 12 deoctubre de 1821 se implantó una disciplina para los miembros del ejército.El Decreto del 23 de septiembre de 1822 estableció el modo de procederen las causas ilícitas de la milicia activa. La Ley del 2 de junio de 1824dispuso la manera en que se conformaban los consejos de guerra, competentes para juzgar a los militares procesados. El Decreto del 13 de abril de1829 estableció la Alta Corte Militar de la República, y el Decreto del 11de mayo de 1829 estableció que los auditores de guerra deberían revisarlos procesos penales militares.