Reseña

Son numerosos los factores que están asediando la implementación. Probablemente el mayor de todos consiste en la demostrada incapacidad del Estado y del gobierno del presidente Duque para impedir la persistencia de la violencia política, cuya superación es precisamente uno de los propósitos mayores del Acuerdo de paz. Sin garantizar la vida es imposible imaginar la posibilidad real de construir la paz. En ese aspecto, al tiempo que ha quedado al desnudo el fracaso de la política gubernamental de seguridad, se ha puesto en evidencia la inaplazable necesidad de la implementación integral del Acuerdo de paz, especialmente en los territorios, junto con una política consistente y continuada de desmonte de estructuras criminales de contrainsurgencia, que continúan sustentándose en el mercenarismo paramilitar. Ni siquiera el confinamiento obligado impuesto a lo largo del territorio nacional ha servido para enfrentar los problemas de seguridad. Se ha utilizado más bien para acentuar la represión sobre las comunidades rurales, campesinas y de los pueblos étnicos, derivando en afectaciones de diversa índole sobre los derechos humanos y propiciando verdaderas crisis humanitarias.