Reseña

Entre 2008 y 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 36.881 casos de violencia sexual ocurridos en los 170 municipios rurales priorizados para la aplicación del Acuerdo de paz en Colombia. Además de que estos municipios han mantenido tasas críticas de ocurrencia de este delito durante el periodo de tiempo señalado, la Defensoría del Pueblo, en su sistema de alertas tempranas, también ha llamado la atención sobre el alto riesgo de violencia sexual que se ha presentado en algunas de estas zonas del país desde el momento del cese al fuego promovido en el marco del proceso de paz.

¿Se encuentra el Estado preparado para atender en salud y de manera integral a las víctimas de violencia sexual en estos territorios que históricamente han tenido precaria presencia institucional? ¿Cuál es la capacidad institucional de estos municipios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a aquellas mujeres víctimas que solicitan acceder a este derecho? ¿Qué factores se deben tener en cuenta para prevenir que los índices críticos de violencia sexual se sigan manteniendo o aumenten en estos territorios?

El presente documento tiene por objetivo abordar estas preguntas, al evaluar cómo ha sido la aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en los 170 municipios priorizados para la implementación de la reforma rural integral (RRI) del Acuerdo de paz; nos concentraremos, particularmente, en las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estas zonas del país.

A partir de un análisis cuantitativo y, con base en la revisión de casos comparados de países en posconflicto, el documento estudia cómo ha sido el comportamiento de la violencia sexual desde 2007 hasta 2016 en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque (PDET), y analiza cuál ha sido el efectivo cumplimiento de los estándares en materia de IVE por parte de las IPS localizadas en dichos municipios priorizados.

Esta reflexión es un intento preliminar por identificar algunos de los retos más complejos y apremiantes que la implementación del Acuerdo de paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural.

De igual manera, el documento pretende hacer un llamado de alerta: la experiencia comparada ha mostrado el alto riesgo de que los casos de violencia sexual se incrementen en escenarios de posconflicto si no se articulan políticas públicas de prevención y de atención adecuadas. Dado el panorama colombiano, en el que la precariedad institucional en los municipios PDET es significativa, y en el que la violencia sexual se ha mantenido con índices críticos en tiempos de guerra y de no guerra, este llamado de alerta es más pertinente que nunca.