Los sí delincuentes: visiones sociales sobre la pena, la criminalidad y el sistema penal
Autores: | Velandia Montes, Rafael Gomez Jaramillo, Alejandro Solarte Cucanchón, Ana María Jaramillo Gabanzo, Nicolas Javier |
¿Deben ser tomadas las decisiones de política pública de manera autónoma por los gobernantes, o de acuerdo a lo recomendado por los expertos en la materia, o deben tenerse en cuenta el parecer de la opinión pública? Esta pregunta resume una de las cuestiones de mayor trascendencia en la ciencia política contemporánea y nos enfrenta a una realidad en las sociedades actuales.
De tal suerte, sostiene Laurent Bernhard, se argumenta que la gente no confía más en el desempeño de las instituciones propias de la democracia representativa y que los Gobiernos son percibidos como oligarquías que excluyen a la gente en la toma de las decisiones que los afectan. Empero, las decisiones necesarias en un Gobierno no pueden ser tomadas por todos los ciudadanos (democracia directa), sino que mas bien deben ser tomadas por personas elegidas para tal fin (democracia representativa), so pena de hacer imposible el ejercicio del Gobierno si cada decisión tuviera que ser sometida a la voluntad popular, cuyo contenido, en principio, solo podría ser conocido mediante elecciones. Es imposible pensar en un Gobierno que sometiera cada decisión a votación popular, no solo por, entre otros factores, la necesidad inmediata en la toma de decisiones que enfrentan los Gobiernos día a día, cuya postergación a la espera de una elección podría tener consecuencias imposibles de evitar o revocar, sino que su realización llevaría a la ruina fiscal: ningún país del mundo cuenta con la capacidad económica de someter de manera frecuente a elecciones populares incluso aquellas decisiones que se consideraran como las más importantes. Si bien el ordenamiento jurídico de cada país establece mecanismos de participación ciudadana ello no significa que en la práctica se puedan llevar a cabo, porque, como se señaló, no siempre hay recursos económicos.