Reseña

Bien sea que se asuma una posición a favor o en contra de la firma de tratados de libre comercio –TLC–, hay una realidad de facto imposible de desconocer: traen como consecuencia el aumento de la inversión extranjera. El Gobierno Nacional así lo espera y vaticina un incremento de casi un 20% cuando el TLC con Estados Unidos se encuentre en pleno funcionamiento. Incluso, desde antes de la aprobación de dicho acuerdo, Colombia viene presentando una tendencia consistente hacia el incremento de la inversión extranjera.

En el marco de esta dinámica, nuestras prácticas comerciales se han refinado, la agenda ambiental hace parte de la discusión nacional cotidiana y los protagonistas del sistema financiero han tenido que competir como nunca, pero ¿cuál ha sido la agenda jurídica para participar de este crecimiento nacional?, ¿cuáles han sido las medidas que se han tomado para ponerse a tono con las ya imparables tendencias económicas?, ¿qué lecciones hemos aprendido y puesto en práctica los juristas?

Al interior de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, organización suprarregional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se ha propuesto reglamentar el arbitraje como forma alternativa de solución de controversias entre diversos actores, para lo cual se creó el Tribunal de Justicia, “encargado de dirimir, en forma definitiva las controversias que se deriven de la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico comunitario” y la Secretaría General, que como órgano ejecutivo tiene a su cargo los procedimientos y administración. Se entiende como una facultad nueva en cabeza del Sistema Andino de Integración –SAI–, para resolver conflictos de diferente tipo.