Reseña

La política criminal colombiana ha experimentado una serie de reformas profundas, impulsadas por el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y órdenes judiciales que se han derivado de la declaración de dos estados de cosas inconstitucionales en los establecimientos penitenciarios del país, a través de las sentencias T-153 de 1998, T-383 de 2013 y T-762 de 2015. Dentro estas reformas, conviene destacar la nueva consideración de los problemas de política pública, así como de los instrumentos seleccionados para su intervención, dirigida a un abordaje integral de las relaciones e interacciones en los distintos niveles de todas las agencias del sistema penal, en cada una de las fases de la criminalización.
En el marco de ello, resulta de especial énfasis el lograr una política efectiva de resocialización de las personas que han sido sancionadas con penas privativas de la libertad, la cual no se agota con los programas intramurales, resultando fundamental el establecimiento de lineamientos para la atención pospenitenciaria que permitan un adecuado proceso de reinserción social.
A continuación, se presentan una serie de lineamientos para el diseño, ejecución y evaluación de una política pública de atención pospenitenciaria en Colombia.