Reseña

En Colombia, frente al riesgo de la conducción de automóviles y la responsabilidad contractual y extracontractual que de dicha actividad se deriva, las víctimas no cuentan con un respaldo que les garantice la indemnización de los perjuicios sufridos. Son muchas las personas y grupos familiares que quedan sin una reparación justa luego de haber sufrido daños corporales, o la muerte, en casos de accidentes de tránsito, pues no está reglamentado el deber de adquirir un seguro obligatorio de responsabilidad civil que ampare estos eventos, con excepción del transporte público de pasajeros. Paradójicamente en Colombia existe una gama bien amplia de seguros impuestos obligatoriamente por el legislador a una multiplicidad de actividades, tales como la intermediación, el crédito, el sistema agropecuario, las importaciones, las sociedades corredoras de reaseguro, la contaminación, el almacenamiento de líquidos inflamables y gases, la actividad exportadora, la estabilidad y calidad de vivienda de interés social, la propiedad horizontal, la construcción, el transporte marítimo y ferroviario, el transporte público de pasajeros, entre otras. En definitiva: una serie de actividades que en su momento político demandaron la implementación de una ley que obligara a estos sectores a tomar un seguro obligatorio de responsabilidad civil, en cuyos casos seguramente se analizó la potencialidad de causar daños, la rigurosidad de un eventual siniestro, la frecuencia, el riesgo, el impacto dañino, en fin; circunstancias que no han merecido la atención del legislador colombiano para el caso de la conducción de automóviles particulares, siendo esta la segunda actividad y causa de muerte en nuestro país.