Reseña

Durante los últimos años, las asociaciones público-privadas (APP) o public-private partnerships (PPP en inglés) se promueven como un mecanismo en el cual el papel del sector privado se fomenta en aras de lograr mejores resultados en el desarrollo de proyectos energéticos, de transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Si bien el nivel de participación del sector privado ha aumentado a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las APP se presentan como acuerdos innovadores que permiten una mejor movilización de recursos para solventar los problemas del sector público para ejecutar este tipo de proyectos.

Las instituciones financieras internacionales (IFI) han apoyado las APP mediante el otorgamiento de préstamos en condiciones financieras favorables y proporcionando asesoría en la formulación, la ejecución y la evaluación de proyectos. La movilización de recursos se focaliza en la infraestructura, dado que, en palabras del Banco Mundial, estas inversiones ayudan al desarrollo de las poblaciones en favor del “alivio de la pobreza, la igualdad, el crecimiento y los resultados de desarrollo específicos, tales como la creación de empleo, el acceso al mercado, la salud y la educación” (Dintilhac, Ruiz-Núñez y Wei, 2015).

En el caso de América Latina se afirma que existe un déficit de infraestructura el cual no puede ser resuelto por el sector público; y ante esta limitación el sector privado debe tener una activa participación. Se pretende atraer el interés privado para realizar inversiones en el desarrollo de bienes públicos que, a su vez, puedan garantizar una mejor calidad en el desarrollo de infraestructura (CAF, 2012).

Las principales críticas se centran en la privatización de los bienes públicos, los costos y los riesgos reales de estas transacciones, la falta de transparencia y las dificultades de negociación, además de los impactos reales sobre la reducción de la pobreza y si el apoyo en la ejecución de proyectos pueda desencadenar problemas ambientales y sociales (Romero, 2015). ¿Qué tan favorables son este tipo de acuerdos para el desarrollo de infraestructura? ¿Realmente funcionan? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances y limitaciones? Son algunos de los interrogantes que surgen al evaluar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

En un reciente trabajo (aún en borrador) elaborado por el Banco Mundial, se realiza una revisión de la literatura alrededor de los impactos económicos del desarrollo de infraestructura a través de la modalidad APP (Dintilhac, Ruiz-Núñez y Wei, 2015) y concluye que estas asociaciones solo representan una opción entre muchas otras formas de concesión y que todavía no es posible llegar a conclusiones más puntuales, dado que los estudios de caso aún son limitados; tampoco hay conclusiones contundentes respecto a los beneficios de las APP en el crecimiento económico. En esta línea de ideas, el discurso de la banca multilateral respecto a las APP continúa promoviendo imágenes de desarrollo equivalentes a “crecimiento económico” y condiciones financieras “saludables”, con un fuerte énfasis en el desarrollo de infraestructura; este desarrollo se asocia al impulso de la modernización tecnológica y científica, que obliga a una intervención en los territorios y las comunidades, lo cual, en muchos casos, origina conflictos socioambientales de diferentes escalas.

Este documento analiza el papel del Banco Mundial (BM), entidad financiera global, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la promoción de las asociaciones público-privadas (APP), haciendo énfasis en responder lo siguiente: ¿Cuál es el discurso y el interés de estas instituciones en promover la implementación de las APP? y ¿Cuáles son sus políticas y estrategias en relación con la implementación y el financiamiento de este tipo de proyectos?

La primera parte reseña el surgimiento de estos acuerdos a partir del Consenso de Washington y el hecho de que, a partir de la crisis económica de 2008, la banca multilateral intensificó su discurso con respecto a la necesidad de implementar las APP en los países en desarrollo. Luego se exponen las directrices para su implementación y reglamentación en los distintos Estados y, finalmente, el análisis de las ventajas, las desventajas, las críticas y los riesgos de las APP.