Reseña

El trasfondo de las ideas que se desarrollan en este texto se relacionan con que en las democracias occidentales el Parlamento es el ámbito en el que se toman las grandes decisiones del Estado. A él le compete, entre otras cosas, la regulación, reglamentación o limitación de los derechos constitucionales. Esta última tarea, como es sabido, se encuentra a su vez sujeta a la judicial review, al control de constitucionalidad que lleva adelante el Poder Judicial. De este modo se pretende asegurar que esa regulación, reglamentación o limitación de los derechos respete los así llamados “límites de los límites”: el principio de proporcionalidad y la garantía del contenido esencial. Partiendo de este contexto, las ideas de fondo que vertebran este libro son tres: a) el legislador colombiano: o bien a.a) no tiene en cuenta el principio de proporcionalidad al momento de debatir y aprobar las leyes que regulan derechos fundamentales conforme al artículo 152 literal a de la carta política; o bien a.b) no tiene en cuenta el principio de proporcionalidad de modo explícito; b) es factible aplicar el principio de proporcionalidad en el ámbito legislativo; c) de la aplicación explícita del principio de proporcionalidad en este último ámbito se siguen numerosas ventajas para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos fundamentales. De lo anterior surgen preguntas como: ¿cuáles son los rasgos fundamentales del principio de proporcionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional?; ¿el legislador colombiano aplica el principio de proporcionalidad al momento de regular derechos fundamentales?; ¿es posible la generación de criterios que permitan la aplicación adecuada del principio de proporcionalidad por parte del legislador colombiano?
Para eso proponemos la posibilidad de aplicar el principio de proporcionalidad como se conoce en Colombia por el legislador colombiano a partir de unos criterios que éste debe tener en cuenta. Ya que el principio de proporcionalidad es hasta el momento el criterio metodológico más racional que posee la interpretación constitucional en relación a la regulación de los derechos fundamentales, el cual nuestra Corte Constitucional no ha sido ajena de aplicar. Esto no significa que la proporcionalidad sea el que brinde certezas plenas y/o absolutas pero ha permitido al poder judicial, en especial a los tribunales constitucionales racionalidad y técnica de argumentación para confrontar las medidas legislativas con la Constitución.
Finalmente es oportuno mencionar que, lo que se plantea en este libro no pretende ser la solución definitiva a la exigencia del legislador en argumentar sus decisiones pero si intentamos aportar al mejoramiento de la labor legislativa a través de la aplicación del principio de proporcionalidad en la regulación de los derechos fundamentales, que en el caso colombiano se lleva a cabo por medio de las leyes estatutarias. Por sus elementos y características el legislador puede encontrar una alternativa racional y técnica de argumentación sólida en el principio de proporcionalidad. Es claro, que esto no significa que sea infranqueable la propuesta pero si aporta a potenciar la carga argumentativa del legislador siguiendo los parámetros ofrecidos por la proporcionalidad, tal como se plantea en el desarrollo de este libro.