Reseña

Cuando nació la actual Constitución Política de 1991, Colombia había dado un gran paso hacia la democracia participativa, culminando con éxito un de los procesos políticos más ambiciosos y complejos de por lo menos el último cuarto del siglo XX, pero ello planteaba ante todo el inicio de un ajuste institucional para la implementación de todo lo creado en esa naciente Constitución, que generaba gran expectativa por el modelo de Estado que consagraba y las trasformaciones orgánicas que establecía. Si bien el control de constitucionalidad no es una institución nueva y mucho menos una creación de la constitución de 1991, es imposible negar que a partir de la entrada en vigencia de la actual carta, este adquirió una dimensión mucho mñas amplia, pues por un lado cambió la competencia con la creación de un órgano para buena parte del control de constitucionalidad de la ley, pero además estableció un control para casos particulares mediante acciones encaminadas a hacer una realidad las garantías constitucionales. Hasta allí el asunto no deja de ser técnico y un poco lejano al común de las personas, de gran trascendencia en círculos académicos y jurídicos, pero aún lejano a las realidades sociales. La norma superior anterior se tilda de obsoleta y desactualizada, pero el logro de una nueva norma superior no constituía per se la solución a muchas de las dificultades que se planteaban, era necesario hacer el control conforme al procedimiento establecido, pero con el propósito de lograr unos resultaos sobrepositivos, reales y papables. Es así como la Corte Constitucional y la acción de tutela asumen un papel protagónico, Colombia no fue ajena a lo que se imponía en un contexto global que empezaba a hablar de substancialismo, de neoconstitucionalismo, de constitucionalismo invasor, de activismo judicial o de gobierno de los jueces, es así como empiezan a cobrar una inusitada relevancia las decisiones judiciales. Autores: Andrés Felipe Cano Sterling - Laura Inés Toro Hernández