Reseña

El contexto montemariano refleja un escenario en donde se reconoce la superación paulatina y sostenida de la condición de territorio en disputa por parte de los actores armados ilegales, e igualmente avanza hacia una recuperación del tejido social, el afianzamiento de la seguridad ciudadana y el orden público iniciado desde el año 2002. Sin embargo, las demandas ciudadanas para el goce efectivo de sus derechos están limitadas por la precariedad institucional a nivel local, regional y nacional. Una exigencia para el Estado colombiano y la sociedad montemariana como soporte para su legitimidad, lo constituye la capacidad de crear consenso y compartir esfuerzos para acceder a unos mínimos de bienestar aceptables. En otras palabras, avanzar hacia la inclusión supone la existencia de un contrato social, basado en la justicia distributiva y la capacidad institucional que permita la democratización o desarrollo de la democracia mediante el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de los montemarianos.