Reseña

El estado actual del ejercicio de la potestad punitiva del Estado implica el establecimiento de límites a un poder excepcional y unitario radicado en cabeza de las autoridades públicas, por medio del cual se emplean medios para la prevención, corrección y represión de ilícitos penales o administrativos, que se contienen y racionalizan a través del derecho penal y del derecho administrativo sancionador. El autor propone desde los fundamentos axiológicos del derecho penal y de las diversas expresiones del derecho administrativo sancionador, la existencia de una identidad ontológica sustancial entre delitos e infracciones administrativas, la cual permite el empleo legítimo de medios de interpretación e integración del sistema normativo, tales como la analogía, ante eventuales vacíos legislativos, a pesar de la existencia de diferencias que justifiquen una matización de principios sancionadores según la manifestación del orden jurídico en que se concrete el ejercicio de dicha potestad.
El curso de la investigación permitió verificar que el Consejo de Estado ha implementado esta propuesta en casos tales como el relativo a la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho sobre la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad de un Senador, aplicando normas de procedimiento penal y cooperación internacional en materia penal relativas a la licitud de la prueba.