Reseña

La situación actual de miembros de pueblos indígenas que se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios en el país es el foco de este documento. En relación a los 120.736 reclusos en Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional, en enero de 2016, los 984 reclusos que son identificados como indígenas representan el 0,8% de la población.

A pesar de ser una cifra no significativa, el impacto del encarcelamiento de miembros de pueblos indígenas sobre sus propias comunidades es altamente negativo. Según la Corte Constitucional, la violación de derechos humanos, el hacinamiento y la ausencia de procesos resocializadores contribuyen determinantemente al debilitamiento de la identidad indígena, sus prácticas culturales y sus mecanismos propios de resolución de conflictos.

La ausencia de acciones institucionales que protejan efectivamente las prácticas culturales y sociales propias de la población indígena es un denominador común en los establecimientos penitenciarios del país. De esta manera, los internos miembros de pueblos indígenas se ven enfrentados a procesos de aculturación y desarraigo sin mayor capacidad de reacción y que a su vez afectan a las comunidades y regiones a las cuales ellos pertenecen, situación que contribuye a su extinción como pueblos.

De esta manera este documento surge como respuesta a qué acciones se deben adelantar frente a esta problemática y cómo identificarlas. Para abordar esta tarea, es clave el trabajo mancomunado con las comunidades indígenas, sus organizaciones así como los reclusos indígenas. Por otra parte, la confluencia de académicos, organizaciones internacionales e instituciones del gobierno es fundamental para entender esta situación y plantear posibles soluciones.

Las soluciones están orientadas a dos líneas de acción, en primer lugar, a la garantía de derechos individuales y colectivos de miembros de pueblos indígenas en establecimientos penitenciarios, en la cual es importante sensibilizar a todos los actores involucrados sobre la importancia del respeto a los derechos humanos y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas. Segundo, al ejercicio de la justicia y de las justicias propias, el cual demanda un fortalecimiento en las capacidades sociales, políticas y organizativas para abordar esta situación. De esta manera, este documento es un aporte al reconocimiento de la diversidad y el pluralismo en el país y busca contribuir en la construcción de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos y de sus ciudadanos.