Reseña

La entrada en vigencia del Estatuto de Roma (ER) de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un nuevo capítulo en el catálogo de estrategias de superación de las masivas violaciones de los derechos humanos. Más allá del establecimiento de un tribunal permanente para la persecución y el juzgamiento de crímenes internacionales, los parámetros de aplicación del derecho penal internacional en el ámbito intraestatal fueron modificados. En ese contexto existe un desafío para la jurisdicción penal internacional. Ha de establecerse si, en vigencia del ER, el único mecanismo legítimo para sancionar en el ámbito nacional a los responsables de crímenes de competencia de la CPI es la ejecución de largas penas privativas de la libertad. Adicionalmente, se abre el cuestionamiento sobre cuáles criterios deben regir la punición intraestatal, a fin de evitar la intervención de la CPI.