Reseña

La disposición mediante la cual se elevó a la categoría de delito la violencia intrafamiliar, que sanciona la comisión de actos de maltrato físico o psicológico en perjuicio de los miembros del propio núcleo familiar, parece excluir la configuración de esa conducta punible como consecuencia del ejercicio del maltrato o abuso económico. Similar conclusión se deriva, en principio, de la revisión de la doctrina y la jurisprudencia en relación con la estructura básica de ese delito. No obstante lo anterior, en el presente escrito se sostiene que una interpretación sistemática de la actual regulación, orientada desde la teoría del bien jurídico y las normas internacionales que informan el ordenamiento jurídico nacional, entre otras, permite concluir que los actos de violencia o dominación económica perpetrados contra los integrantes del núcleo familiar se subsumen en la descripción típica allí contenida y, por tanto, pueden y deben ser perseguidos como conductas penalmente relevantes.