Reseña

Vivir en sociedad trae grandes beneficios para sus ciudadanos; esto permite el acceso a las vías, seguridad ciudadana, acceso a justicia entre muchos otros, pero tal como lo indica la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 95, “Son deberes de la persona y del ciudadano: 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.”
Esto quiere decir que no solo tenemos derechos, sino también deberes. Uno de ellos es el de contribuir al sostenimiento del Estado bajo ciertos principios; entre los que se destacan la justicia, equidad, igualdad, debido proceso, buena fe; lo cual implica que si deseamos mayores beneficios o inversiones del Estado, igualmente se requiere que contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades.
Hasta acá todo suena bien, el problema radica en cómo diseñar un sistema tributario que cumpla con estos principios, que permita que un país se desarrolle y el propenda por el bienestar de sus ciudadanos.
Es más que obvio que Colombia tiene indicadores sociales no muy buenos, como es el caso del índice de Gini que mide la desigualdad y que según cifras del Banco Mundial en el 2010, para Colombia, fue de 55,5; para el 2011, de 54,2 y para el 2012, de 53,5 siendo 10 perfecta equidad y 100 completa inequidad.
Eso quiere decir que toda reforma tributaria debería enfocarse en mejorar esta clase de indicadores, más que en beneficiar a ciertos grupos o en aumentar el recaudo de cualquier forma.
La presente Reforma Tributaria no tiene como propósito disminuir la desigualdad; no está diseñada para lograr el desarrollo de la nación con el consecuente mejoramiento del nivel de vida de sus ciudadanos. Es un reforma hecha literalmente a la carrera, con el único propósito, por lo menos visible, de cubrir el faltante presupuestal que, de acuerdo con el gobierno es de 12,5 billones de pesos, para el año 2015, pero que algunos expertos creen que puede llegar a más de 15 billones de pesos, y eso que no se tuvo en cuenta el desplome en el precio del barril de petróleo. Es decir, que es una reforma con un claro propósito recaudatorio, lo cual no cumple con el deseo de muchos de la tan anhelada reforma estructural que necesita Colombia para lograr su adecuado desarrollo. Lo anterior conlleva a que seguramente para el presente año 2015 se requiera tramitar una nueva reforma, más para buscar nuevos recursos que para simplificar el ya complejo sistema tributario colombiano.
Igualmente, no se ha tenido en cuenta que ante la eventual firma de un acuerdo de paz, el postconflicto requiere recursos para asegurar una paz estable, en cuanto resarcimiento a las víctimas del conflicto, inversión en las zonas de conflicto abandonadas por el Estado durante décadas o la reinserción a la civilidad de los desmovilizados entre otros.
Finalmente, considero que la presente reforma no afecta de forma directa a la clase media y baja del país, aunque de forma indirecta podría verse afectada por la alta carga impositiva que están soportando las empresas, lo cual podría conllevar la afectación en la generación de empleo.