Reseña

La institución de la Extinción del Dominio, de directo origen constitucional, en cuanto instrumento de lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción política y administrativa y la cultura del enriquecimiento fácil e ilícito, presenta, en sus veinte años de vigencia al interior del Ordenamiento Superior, un proceso evolutivo de ponderación y reafirmación jurisprudencial que le da claridad desde el punto de vista sustancial y que ha generado una necesaria adecuación legislativa, dirigida a imprimirle celeridad y eficacia, no obstante subsistir dudas y reparos en relación con la vigencia y respeto de las garantías procesales, especialmente en relación con el debido proceso de ley y sus corolarios derecho a la defensa, presunción de inocencia y carga de la prueba.