Reseña

La realidad social que envuelve a los Estados de hoy es la globalización de la economía y de los mercados, con sus indistintas implicaciones, al igual que el auge de los sistemas de acceso fácil a la información y la rapidez de las telecomunicaciones, que han dinamizado de tal forma los procesos productivos, comerciales y en general las relaciones de consumo, en tanto que las exigencias de los últimos años del mercado demandan instrumentos jurídicos aplicables a las relaciones contractuales igual de dinámicos y efectivos.
Si bien es cierto que algunos Estados han tomado conciencia de esta nueva realidad y se diseñaron herramientas administrativas y jurídicas, así como normas legales aplicables a las relaciones de consumo y novedosas formas contractuales, en otros Estados, contrario sensu, aún hay graves vacíos en la materia, lo que redunda en una peligrosa inseguridad jurídica y abuso de posición dominante en lo que a este tipo de circunstancias se refiere; sumándose a ello un desconocimiento de los derechos del consumidor/usuario de bienes y servicios, que impera en nuestro medio, originándose en nuestro ordenamiento jurídico problemáticas que conducen a atropellos al consumidor por parte de las empresas, que mantienen frente a aquellos una posición privilegiada dentro del iter contractus, a la vez que se olvida que los derechos de los usuarios y consumidores de bienes y servicios, son un eje de la estructura económica estatal ya que “de la relación consumidores – productores, resulta un instrumento de legitimación ideológica de la
economía de mercados.