La organización como presupuesto de la actividad administrativa. Tomo II:
La conformación y organización de la Rama Ejecutiva del Poder Público
Colaboradores: | Pimiento Echeverri, Julián A. (Editor Literario) Carvajal Sánchez, Bernardo (Director) Rincón Córdoba, Jorge Iván (Director) |
La estructura de la administración es uno de los temas capitales del
derecho administrativo. Un asunto que a primera vista parece pacífico y,
en ocasiones árido, esconde la historia del derecho administrativo y de la
forma en que el Estado intenta prestar los servicios a su cargo. La estructura
traspasa la simple lección de geografía, pues expone las formas que
el Estado acoge con el propósito de garantizar los objetivos que se le han
encomendado durante la historia. De cierta forma, la estructura del Estado
es la arquitectura misma del derecho administrativo.
La arquitectura es lo que sostiene el edificio administrativo y lo que
permite dar vida real a la administración. Más allá de las competencias, los
administrados se relacionan con entidades públicas, encargadas de gestionar
intereses generales. El análisis de cada uno de esos centros de imputación
y gestión de intereses generales constituyen el objeto de este libro.
El libro se divide en dos grandes partes. En la primera, se analiza la estructura
de la administración desde el punto de vista de la teoría de la
organización. Juan Gabriel Rojas explica, desde un punto de vista formal y
sustancial, la existencia de la personalidad jurídica, para concluir sin dudas
que la creación de este atributo no es un asunto meramente formal. Pedro
Alfonso Hernández, por su parte, va más lejos y con un inventario general
de las autoridades públicas, como fundamento orgánico de la estructura del
Estado en Colombia, por fuera de la teoría del órgano.
De manera más concreta, Luz Mónica Herrera Zapata y Santiago Perea
Murillo se preguntan, ¿cómo aporta y se articula el sector administrativo
como categoría de la organización de la administración pública para el
ejercicio eficaz y eficiente de una función administrativa que materialice los
fines del Estado?, para responder a partir del sector TIC. Pero ese modelo
es insuficiente, la intersectorialidad es la garantía de la coordinación en la
gestión pública, pues es necesaria para arbitrar entre intereses generales
que cada vez crecen en número, concurren, compiten o se contradicen,
como lo demuestra María del Pilar García Pachón a partir del ejemplo
del Sistema Nacional Ambiental. En esa misma línea de casos concretos,
Alexander Sánchez Pérez explica cómo las empresas de servicios públicos
son, en el exterior, sujetos ajenos a la administración pública.
Julián A. Pimiento Echeverri