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ISBN 978-628-7764-44-6

La oferta institucional para satisfacer los derechos económicos y sociales de las víctimas del conflicto armado en Colombia

Autores:Castillo Sepúlveda, Santiago
Molano Ayala, Paola
Valencia Cortés, Paula
Editorial:Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
Materia:340 - Derecho
Clasificación Thema::LAM - Derecho comparado
LX - Derecho: guías de estudio y revisión
GTU - Estudios sobre la paz y resolución de conflictos
Público objetivo:Profesional / académico
Colección:Cartilla / Guía
Disponibilidad:Disponible
Estatus en catálogo:Próxima aparición
Publicado:2025-12-10
Número de edición:1
Tamaño:2Gb
Precio:$25.000
Soporte:Digital
Formato:Pdf (.pdf)
Idioma:Español / Castellano

Reseña

El documento presenta la oferta institucional del Estado colombiano para garantizar los derechos económicos y sociales de las víctimas del conflicto armado, conforme a la Ley 1448 de 2011 y su reforma por parte de la Ley 2421 de 2024. Describe los principales programas y rutas de acceso en educación, salud, trabajo, vivienda y mecanismos para víctimas de desaparición forzada.
Entre otros, en educación, se contemplan la gratuidad en colegios oficiales, apoyos para permanencia, alfabetización y acceso preferente a educación superior mediante cupos especiales, créditos condonables del ICETEX y programas del SENA. En salud, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral (PAPSIVI) ofrece acompañamiento psicosocial y atención médica integral con enfoque diferencial. En trabajo e ingresos, se destacan las rutas del Servicio Público de Empleo, el SENA y el acompañamiento estatal para invertir indemnizaciones en proyectos productivos. En vivienda, las víctimas tienen acceso prioritario a subsidios, programas de mejoramiento y al programa distrital “Mi Casa Bogotá”, con distintos componentes de apoyo financiero y habitacional.
Finalmente, se explican los mecanismos jurídicos para las familias de personas desaparecidas: la declaración de ausencia por desaparición, que permite la administración provisional de bienes, y la declaración de muerte presunta, que habilita la sucesión patrimonial y el acceso a prestaciones. El texto busca facilitar el conocimiento y acceso de las víctimas y funcionarios a esta oferta estatal como parte del proceso de reparación integral.

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