Reseña

Desde la trinchera del derecho penal donde he ejercido por más de cuatro décadas, siempre he sostenido que las fronteras entre las ramas del derecho son más aparentes que reales. Esta obra que tengo el honor de presentar confirma plenamente esta tesis, al demostrar cómo figuras tradicionalmente civiles como el enriquecimiento sin causa adquieren en el ámbito de la contratación estatal una dimensión que roza lo delictual cuando el Estado, valiéndose de su posición dominante, produce un empobrecimiento injusto en el patrimonio de los contratistas.
El autor aborda con singular perspicacia lo que en el derecho penal reconoceríamos como una verdadera estafa procesal institucionalizada: aquella situación en que la Administración, mediante formalismos y tecnicismos, se beneficia de trabajos, servicios u obras sin existir causa jurídica que legitime dicho provecho. Como bien lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sala penal, "el abuso de formas jurídicas para configurar un perjuicio patrimonial ajeno configura un fraude a la ley"