Análisis multidisciplinar de las causas de la clandestinidad y recomendaciones para su prevención y mitigación que puedan ser aplicadas al sector TIC con competencia sobre el uso del espectro radioeléctrico
| Colaboradores: | Ortiz Laverde, Sandra Milena (Director) Buitrago Hurtado, Álex Fernando (Coordinador Editorial) |
El espectro radioeléctrico, un recurso natural limitado e indispensable
para la transmisión de señales de radio y televisión,
comunicaciones móviles y otros servicios de telecomunicaciones,
requiere una gestión adecuada para asegurar
la calidad y continuidad de estos servicios, así como para
fomentar el desarrollo tecnológico y económico. No obstante,
la clandestinidad en su uso representa una amenaza
constante para estos objetivos. Este fenómeno, se presenta
en mayor medida en la operación de emisoras sin debida autorización,
problema recurrente en muchos paises incluido
Colombia. La clandestinidad en el uso del espectro radioeléctrico
es un desafío significativo para la gestión eficiente de
este recurso estratégico para el Estado.
Las emisiones no autorizadas, producto de la operación clandestina,
generan interferencias perjudiciales que degradan
la calidad de los servicios de telecomunicaciones y afectan
a los usuarios finales. Estas interferencias pueden ser especialmente
problemáticas en servicios críticos, como las comunicaciones
de emergencia y los sistemas de navegación
aérea, donde cualquier interrupción puede tener consecuencias
graves, comprometiendo la seguridad pública y obstaculizando
el desarrollo social y económico. Además, la operación
de emisoras clandestinas puede generar un entorno de competencia desleal, afectando negativamente a los operadores
legales que cumplen con las normativas y pagan los
permisos correspondientes. Desde una perspectiva económica,
la clandestinidad en el uso del espectro radioeléctrico
puede derivar en pérdidas significativas para los operadores
legales y en costos adicionales para las autoridades encargadas
de la vigilancia, inspección y control. La necesidad de
monitorear y detectar emisiones no autorizadas, así como
de tomar medidas correctivas, implica una inversión considerable
de recursos técnicos y humanos. Además, la falta de
ingresos por permisos y multas no recaudadas debido a la
operación clandestina representa una pérdida directa para
el Estado.