Reseña

Hace quince años, la Ley Orgánica 1/2010 introdujo por primera vez penas para las personas jurídicas en el derecho penal español, rompiendo con el clásico principio societas delinquere non potest. Desde entonces se las ha concebido como sujetos capaces –si se quiere– de acción y culpabilidad, bien como auténticos destinatarios de normas penales o, como una “ficción útil”.