Energía y regulación. El derecho de los nuevos modelos de negocio energético
Convenio de Lima, tratado constitutivo de la Organización Latinoamericana
de Energía, olade, suscrito en 1973 por plenipotenciarios de 22 gobiernos
de América Latina y el Caribe1, estableció entre los objetivos y funciones
de la organización: “Promover la solidaridad de acciones entre los Países
Miembros para el aprovechamiento y defensa de los recursos naturales de
sus respectivos países y de la Región en su conjunto […]”; “Promover una
política efectiva y racional para la exploración, explotación, transformación
y comercialización de los recursos energéticos de los Estados miembros”;
“Promover y coordinar la realización de negociaciones directas entre los
Estados miembros, tendientes a asegurar el suministro estable y suficiente de
la energía necesaria para el desarrollo integral de los mismos”; “Propugnar la
industrialización de los recursos energéticos y la expansión de las industrias
que hagan posible la producción de la energía”; “Promover la creación de
un mercado latinoamericano de energía […]”.
En el año 1973, el petróleo constituía la principal fuente de energía tanto
para generar electricidad como para producir combustibles, y cubría el 80%
de las necesidades energéticas de la región.
Según estadísticas de la época, en América Latina y el Caribe solo cinco
países lograban autoabastecerse, otros cinco lo hacían de manera parcial y los
demás tenían que importar todo el petróleo que necesitaban. La producción
de gas natural estaba en su gran mayoría asociada a la producción de petróleo.
La capacidad de refinación más bien tenía una tendencia decreciente. Los
recursos hídricos estaban subutilizados. El carbón mineral no sobrepasaba
los doce millones de toneladas anuales y la energía nuclear apenas comenzaba
a perfilarse. En cuanto a las renovables, se había probado la existencia
de importantes fuentes geotérmicas, pero pocos países habían iniciado su
explotación.
En octubre de 1973, cuando varios países del Golfo Pérsico decretaron
el embargo petrolero, los precios del crudo se duplicaron y fueron rápidamente
incrementándose hasta alcanzar en 1974 un valor cinco veces mayor
al que tenían en 1972.